Francesca Albanese, Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, declaró en Ginebra que la remoción de escombros en Gaza podría destruir pruebas de presuntos crímenes internacionales. Afirmó que las autoridades palestinas reportan 10.000 cadáveres enterrados en zonas bajo control militar israelí.
*desde Ginebra
La Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese, declaró en Ginebra que la remoción a gran escala de escombros en Gaza, que contienen restos humanos, constituye pruebas físicas para investigar presuntos crímenes internacionales, incluido el genocidio. Según autoridades palestinas, 10.000 cadáveres están enterrados en zonas bajo control militar israelí.
Albanese señaló que, pese al cese del fuego de octubre de 2025, cerca del 70% de Gaza se encuentra bajo restricciones de control militar israelí. Solicitó el despliegue de una cadena de vigilancia independiente para que investigadores internacionales accedan a la zona y recolecten pruebas, evitando la destrucción de evidencia de crímenes atroces.
La relatora detalló que con maquinaria pesada de empresas como Caterpillar, HD Hyundai, Doosan y Volvo, continúan demoliciones y nivelaciones en áreas bajo control israelí. Indicó que los escombros contienen restos humanos y pruebas relevantes, y requieren una cadena de custodia ininterrumpida supervisada por investigadores internacionales.
Advirtió que agentes israelíes y las empresas involucradas podrían incurrir en responsabilidad penal por destrucción de pruebas de crímenes internacionales. Entre 2023 y 2025, el 92% de las viviendas e infraestructuras civiles en Gaza fueron destruidas, un fenómeno sin precedentes en la guerra moderna, según Albanese.
Insistió en que la sustracción, destrucción y reubicación de escombros no deben eliminar pruebas de crímenes internacionales ni impedir la recuperación e identificación de restos humanos. Mencionó que los restos de más de 10.000 personas están sepultados bajo tierra.
Albanese recordó las inculpaciones de la Corte Penal Internacional contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y lesa humanidad, a las que se suman los entierros ilegales de civiles. Citó la determinación de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024 sobre la ilegalidad de la presencia israelí en territorios ocupados, y la orden de enero de 2024 de tomar medidas para preservar pruebas relacionadas con la Convención contra el Genocidio.
La relatora describió que en Gaza los escombros son parte de una escena del crimen y un cementerio. Relató que el 4 de agosto de 2026, palestinos enterraron 112 miembros de una familia recuperados tras 17 días de operaciones en edificios destruidos en 2023, y que los restos de otras 41 personas no fueron encontrados.
Albanese enumeró la necesidad de recuperación e identificación digna de restos humanos, documentación sistemática de sitios, preservación de pruebas y una cadena de custodia bajo vigilancia independiente antes de decisiones sobre desplazamiento. Hizo un llamado a investigadores internacionales para supervisar la colecta de pruebas.
Advirtió que actores estatales y empresas implicadas en la retirada de escombros podrían enfrentar responsabilidad penal internacional por destruir pruebas. Calificó la preocupación como particularmente grave dada la amplitud de la destrucción desde octubre de 2023.
Informó que recibió datos creíbles en agosto de 2026 sobre una operación que implica secuestro deliberado y generalizado, destrucción y transporte de escombros, y que fuentes israelíes confirmaron discusiones con empresas sobre demolición, recogida y reciclaje a gran escala.
Concluyó que toda evacuación debe enmarcarse en un plan concebido por palestinos y sostenido por actores de su confianza. Afirmó que destruir pruebas de crímenes y atrocidades es ilegal, y que es inaceptable condicionar la reconstrucción de Gaza a borrar el pasado sin pruebas para obtener justicia para las víctimas.