Mediante el Decreto 1021/2026, publicado en el Boletín Oficial, se establecieron reglas para el ingreso, la carrera profesional, los ascensos, las incompatibilidades y el régimen disciplinario del personal de inteligencia. La norma reemplaza el régimen vigente desde 2003 y entrará en vigencia el 1° de enero de 2027.
El Gobierno aprobó un nuevo estatuto para el personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y estableció un conjunto de reglas que abarcan desde el ingreso, la carrera profesional, los ascensos y las evaluaciones de desempeño, hasta las incompatibilidades laborales, los viajes al exterior y el régimen disciplinario de los agentes.
La medida, anunciada este lunes por el secretario de Inteligencia de Estado, Cristian Auguadra, fue oficializada mediante el Decreto 1021/2026, publicado en el Boletín Oficial de este miércoles, y reemplaza el régimen que regía para el personal de Inteligencia desde 2003.
En los considerandos del texto oficial, el Gobierno sostuvo que la falta de un régimen estable «atenta contra la posibilidad de generar un plan de carrera profesional» y «desalienta la incorporación de nuevos talentos con vocación de servicio». También afirmó que la formación de un cuerpo profesional «que trascienda la coyuntura política» requiere procesos de ingreso y promoción basados en «criterios técnicos, éticos y profesionales».
El flamante estatuto, publicado como anexo al decreto antes mencionado, establece una carrera profesional para el personal de Inteligencia basada en los principios de «idoneidad», «igualdad», «mérito», «transparencia» y «profesionalización».
La Secretaría deberá realizar convocatorias anuales para ingresar a la Escuela Nacional de Inteligencia y la aprobación del Curso Básico de Ingreso será un requisito para incorporarse a la carrera dentro del organismo, expresó el texto.
El nuevo régimen, además, organiza al personal en tres cuadros distintos según el nivel educativo y profesional de cada agente. El Cuadro A estará reservado para quienes posean títulos universitarios o determinados antecedentes en Fuerzas Armadas y de Seguridad; el Cuadro B para quienes tengan formación terciaria; y el Cuadro C para quienes acrediten estudios secundarios completos.
Los ascensos ordinarios estarán vinculados al cumplimiento de tiempos mínimos de permanencia en cada categoría, capacitaciones obligatorias, evaluaciones favorables de desempeño y otros requisitos que serán fijados mediante normas complementarias.
La norma dispone que los agentes deberán mantener «el más estricto secreto y confidencialidad» sobre toda información obtenida durante el ejercicio de sus funciones. Ese deber continuará vigente incluso después de abandonar el organismo.
También deberán «someterse a las pruebas de competencia, confiabilidad e idoneidad, contrainteligencia y psicofísicas» que determine la Secretaría, además de realizar los cursos de actualización, formación e instrucción que les sean requeridos.
El estatuto incorpora obligaciones específicas como el deber de informar los alejamientos a más de 200 kilómetros del lugar habitual de trabajo y solicitar autorización para viajar al exterior del país.
Entre las incompatibilidades más relevantes, los agentes no podrán prestar servicios para personas o empresas vinculadas a actividades de seguridad, defensa, inteligencia, ciberseguridad, comunicaciones, vigilancia, investigaciones privadas, periodismo, publicidad, estudios de mercado, encuestas o actividades similares.
Tampoco podrán revelar información conocida durante el servicio, utilizar documentación o antecedentes obtenidos en función de sus tareas para beneficio propio o de terceros, ni aceptar dádivas o ventajas vinculadas con el ejercicio de sus funciones.
En materia disciplinaria, el nuevo régimen prevé sanciones que van desde apercibimientos y retenciones de haberes hasta cesantías y exoneraciones. Los procedimientos estarán a cargo de la Inspectoría General de Inteligencia.
El estatuto regula además remuneraciones, licencias, becas de capacitación, jubilaciones y pensiones. También establece que el personal continuará afiliado a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal.
Según el decreto, el objetivo es dotar al país de un Sistema de Inteligencia Nacional «profesional, transparente, autónomo y ágil» y fortalecer la confianza pública en su funcionamiento.
La norma entrará en vigencia el 1° de enero de 2027. Hasta entonces, la SIDE deberá implementar un régimen de transición para adaptar la situación de los agentes que actualmente prestan servicios en el organismo.