Daniel Orozco y Janina Ortiz reconocieron su culpabilidad en el marco de un juicio abreviado por el desvío de $35.511.386,14 de la Municipalidad de Las Heras a la cooperativa Manos a la Obra. El Tribunal Penal Colegiado N°1 debe homologar el acuerdo.
En Mendoza, el exintendente de Las Heras Daniel Orozco y su esposa, la exdiputada provincial Janina Ortiz, acordaron penas con la Fiscalía de Delitos Económicos en el marco de la causa conocida como «Cooperativa Fantasma». El acuerdo, que será evaluado por el Tribunal Penal Colegiado N°1, establece una pena conjunta de 3 años de prisión en suspenso y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, según confirmaron fuentes judiciales a Clarín.
La investigación, dirigida por el fiscal Juan Ticheli, determinó que entre 2021 y 2023 se desviaron $35.511.386,14 del patrimonio de la Municipalidad de Las Heras a través de la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Limitada. Según la acusación, la entidad, dedicada en los papeles al reciclaje, fue reactivada artificialmente para cobrar por supuestos servicios de limpieza urbana que nunca se realizaron. Los fondos se destinaban a una cuenta bancaria vinculada a los imputados mediante licitaciones públicas y contrataciones directas.
Ortiz también fue imputada por amenazas coactivas. La Fiscalía sostiene que, aprovechando su cargo como secretaria de Gobierno de Las Heras, presionó a una trabajadora de la comuna con quitarle el empleo si no accedía a tener relaciones sexuales con uno de los funcionarios involucrados en la causa. La mujer grabó el encuentro y ese registro dio inicio a la investigación.
El caso se destapó por la filtración de audios en los que Osvaldo Oyhenart, exsubsecretario de Políticas Sociales, exponía los mecanismos de desvío de fondos públicos. Esos audios fueron tomados por la mujer amenazada.
Además de Orozco y Ortiz, otros imputados en la causa son Osvaldo Oyhenart, Hernán Mostaccio, Juan Pablo Pandolfi, Daniel Herrera y Adrián «Moco» Pérez, empleado municipal y titular formal de la cooperativa. Todos enfrentan la elevación a juicio como partícipes necesarios. Un segundo grupo de seis exfuncionarios —Mauro Homan, Mauricio Valle, Diego Tolin, Leandro Tassi, Patricia Díaz y Carlos Nofal— evitó el juicio tras pagar una reparación económica de 62 millones de pesos por negligencia en los controles de sus áreas.
La relación entre el exintendente Orozco y el gobernador Alfredo Cornejo pasó de la alianza política al enfrentamiento. El quiebre ocurrió cuando Orozco abandonó el frente Cambia Mendoza para aliarse con Omar de Marchi en Unión Mendocina. En 2023, Cornejo declaró: «Es lamentable lo que pasó en Las Heras porque se trata de una defraudación a cada vecino y vecina que lo eligió. Es triste que prevalezcan los intereses personales por sobre los colectivos. Orozco defraudó a Cambia Mendoza».
Tras conocerse el acuerdo, Cornejo afirmó estar «muy satisfecho» y sostuvo: «Si ellos mismos reconocen la culpabilidad, es un gran avance para el proceso judicial y para que un caso de falta de transparencia y corrupción quede aclarado y sancionado».
El Tribunal Penal Colegiado N°1 deberá definir si homologa el acuerdo y deja firmes las penas contra los exfuncionarios mendocinos.