El sindicato de Camioneros realizó una protesta frente a la Comuna 1 durante una audiencia pública virtual sobre las futuras concesiones de higiene urbana. El gremio exige que se mantengan las indemnizaciones en los próximos contratos, que la Ciudad planea eliminar. La movilización incluyó empujones entre manifestantes y la entrega de un petitorio.
El sindicato de Camioneros, liderado por Pablo Moyano, realizó este martes una movilización frente a la sede de la Comuna 1, en el barrio de San Telmo, en el marco de la audiencia pública virtual convocada para discutir los pliegos de las futuras concesiones del servicio de higiene urbana de la Ciudad de Buenos Aires. La protesta incluyó empujones entre los propios manifestantes y la entrega de un petitorio por mesa de entradas, según confirmó Marcelo Aparicio, secretario Gremial del sindicato.
El conflicto gira en torno a las indemnizaciones que el Gobierno porteño debe pagar a las empresas para liquidar al personal al finalizar las concesiones. El pliego vigente, prorrogado hasta 2028, establece ese mecanismo, pero la Ley 4120 de la Ciudad exige que los mismos empleados conserven sus puestos de trabajo. Según el sindicato, esto deriva en un sistema de «despidos ficticios»: los operarios cobran indemnizaciones completas y al día siguiente se presentan a trabajar en el mismo camión, sin perder antigüedad.
La gestión de Jorge Macri ya anticipó que no incluirá este resarcimiento en los próximos contratos (2028-2038). Fuentes oficiales citadas por el portal Infobae indicaron que la decisión política es eliminar ese pago. El sindicato sostiene que la medida afectaría a unos 6.000 recolectores actuales y advierte que el Presupuesto 2027 tampoco incluiría las partidas para costear las liquidaciones.
Pablo Moyano había anticipado su postura en asambleas previas: «Todo lo que conseguimos fue en la calle y luchando. Con el pago de las indemnizaciones no vamos a retroceder un paso», declaró. Durante la movilización, el dirigente instó a las autoridades a enviar a la policía.
El mecanismo, conocido como «Ley Moyano», se aplica desde 1998. Según el sindicato, cuando la empresa cambia de dueños, de nombre o se renueva la concesión, los trabajadores deben ser despedidos, cobrar la indemnización completa y ser recontratados de inmediato. Este sistema se utilizó en municipios como Avellaneda y Moreno, y en transacciones privadas con Quilmes, DHL, FedEx y la venta de Walmart al Grupo Narváez. En 2022, el Gobierno porteño invirtió 2.000 millones de pesos para estatizar el servicio de grúas.
En mayo de este año, Moyano amenazó con llenar la Capital de basura si no se garantizaba el pago de las liquidaciones para octubre. El Ejecutivo porteño respondió que los contratos ya habían sido prorrogados hasta septiembre de 2028, lo que dejó al sindicato sin margen para exigir el cobro. Ese episodio generó un conflicto interno: en asambleas en las plantas de Cliba, trabajadores calificaron a Moyano de «Pablito traidor» por no asegurar los fondos. Marcelo Aparicio difundió un mensaje para contener el malestar, en el que admitió que el pago «no existe en la ley», pero lo justificó como un «privilegio» histórico.
La audiencia pública virtual continuó desarrollándose mientras la protesta se llevaba a cabo en el exterior. No se registraron detenciones.