La Policía Federal detuvo a un trabajador del Servicio Penitenciario de La Rioja que cumplía funciones en el área de requisas. La investigación examina si cobraba dinero a internos para introducir estupefacientes y teléfonos celulares.
Un agente del Servicio Penitenciario de La Rioja fue detenido durante un operativo de la Policía Federal por su presunta vinculación con el ingreso de drogas y teléfonos celulares a la cárcel provincial.
La directora del organismo, Analía Tello, confirmó que el trabajador cumplía funciones en el área de requisas, encargada de controlar la entrada de elementos prohibidos.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el procedimiento se realizó durante la tarde del lunes 12 de octubre y fue informado este martes por medios riojanos. Participó personal de la División Unidad Operativa Federal La Rioja de la Policía Federal Argentina.
La investigación examina si el agente cobraba dinero a internos a cambio de introducir estupefacientes y celulares. Ese mecanismo forma parte de la sospecha investigada: no se difundió una sentencia que lo tenga por acreditado ni un monto comprobado de los presuntos cobros.
El operativo incluyó allanamientos en celdas del pabellón federal y en otros puntos de la capital provincial. Las publicaciones locales no precisaron oficialmente el resultado de esos registros, las cantidades de sustancias eventualmente halladas ni el número de personas alcanzadas por otras medidas.
Medios Provincia y Fénix identificaron como autoridad judicial interviniente al juez federal Herrera Piedrabuena, con actuación de la Secretaría de José Luis Combina. También informaron que el agente quedó alojado en el Cuartel de Bomberos de la Provincia.
Tello describió la situación como un golpe institucional y remarcó la función que tenía asignada el detenido: revisar e impedir el ingreso de objetos prohibidos. Sus declaraciones, recogidas por Eduardo German, ubicaron al sospechoso en un sector sensible del control penitenciario.
El caso ocurre en un servicio que ya afrontaba dificultades de infraestructura. La directora había informado a comienzos de octubre una población de 552 personas y una capacidad operativa de 287 plazas. Ese diagnóstico es anterior al procedimiento y no demuestra por sí mismo una relación causal con la maniobra investigada.