José Seleme y Manuel Courel cuestionaron el proceso de licitación de la distribuidora eléctrica EDET. El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, rechazó las acusaciones y afirmó que la prórroga se encuadra en la ley vigente.
El Gobierno de Tucumán, encabezado por Osvaldo Jaldo, recibió cuestionamientos por parte de legisladores en relación con la licitación del paquete mayoritario de EDET, la distribuidora eléctrica controlada por el Grupo Neuss.
Los planteos fueron difundidos este martes por Ámbito, que entrevistó al vicepresidente de la Comisión de Energía de la Legislatura, José Seleme, y al legislador Manuel Courel. Ambos legisladores señalaron un trato favorable hacia la empresa y dificultades para acceder a información sobre la operación.
Seleme cuestionó la posibilidad de conocer el costo de compra de la energía y sostuvo que la integración de distintas actividades del grupo perjudica a los consumidores. Courel objetó las sucesivas postergaciones y las vinculó con la continuidad del control empresario.
El marco formal está documentado en la Ley 10.006, promulgada el 5 de octubre. La norma aprobó un acta entre la Provincia y EDET que fija el 30 de diciembre de 2026 como fecha límite para llamar a licitación y el 4 de agosto de 2027 como vencimiento del segundo período de gestión. Esas son las fechas establecidas en el texto oficial vigente; los plazos anteriores de septiembre y abril, mencionados en la discusión pública, no reemplazan lo dispuesto en la ley.
En respuesta a los cuestionamientos, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, rechazó la existencia de un acuerdo irregular. Sostuvo que la prórroga se encuadra en la Ley 6.608 y en el contrato de concesión, y señaló que los balances de la compañía se presentan ante la Dirección de Personas Jurídicas.
El Ejecutivo provincial también defendió la publicidad de las resoluciones del ERSEPT, organismo encargado de aprobar tarifas y fiscalizar la prestación. Frente a las críticas por las facturas, afirmó que los aumentos cuentan con respaldo de las autoridades energéticas nacionales y provinciales.
Las acusaciones de los legisladores constituyen planteos políticos y no una resolución judicial que acredite un pacto ilícito.