Como parte de su política de reducción de gastos y recortes de subsidios, el Gobierno actualizó en febrero las tarifas para los trenes y colectivos en el área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una medida que luego se extendió a todo el país a partir de la quita del Fondo Compensador del Interior. Sin embargo, el aumento del precio hasta el momento no se tradujo en mejoras en el servicio, sino que se abrieron nuevos frentes conflictivos para los usuarios, entre los que se cuentan la reducción y demoras de los servicios, además de severas dificultades para recargar la tarjeta SUBE.
Si bien las complicaciones para viajar son recurrentes en todas las líneas de la red ferroviaria que conectan la Capital Federal con el Gran Buenos Aires (GBA), el Ferrocarril Roca constituye una muestra representativa del panorama generalizado porque se trata del servicio que traslada la mayor cantidad de personas diariamente. Según la última actualización del informe de la Comisión de Regulación Nacional del Transporte (CNRT), en enero de este año se contaron 10.292.202 “pasajeros pagos” de los 27.475.813 que viajaron en toda la red ferroviaria del AMBA, compuesta por las líneas Mitre, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur, Sarmiento, Urquiza y el Tren de la Costa.
Pese al caudal de gente que diariamente se moviliza desde la zona sur del GBA hacia la Ciudad de Buenos Aires y en sentido contrario, en las últimas semanas el cierre de muchas de las boleterías de las estaciones potenció las dificultades para recargar el saldo del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), ya complicado por la falta de puntos habilitados para esa función. Trenes Argentinos, encargada de la prestación del servicio de pasajeros, encuadró la situación como parte de “un problema operativo con la carga y la recaudación”.
“Se está trabajando para solucionarlo”, dijeron a LA NACION voceros de la empresa y aclararon que de las 48 boleterías que hay entre los cinco ramales eléctricos que integran la línea –Alejandro Korn, Bosques vía Quilmes, Bosques vía Temperley, La Plata y Ezeiza- sólo están en funcionamiento 17: Plaza Constitución Alejandro Korn, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, Lomas, Monte Grande, Burzaco, Quilmes, Florencio Varela, Lanús, Berazategui, Adrogué, Banfield, Claypole, Ezeiza, Glew, La Plata y Longchamps.
En ese sentido, reconocieron que efectivamente hay un problema con el sistema, pero no pudieron dar precisiones respecto a cuándo se resolverá el inconveniente. “Nosotros no nos ocupamos de nada que tenga que ver con la SUBE, no tenemos nada que ver con el sistema, ni con los cambios que se pueden hacer ni con los topes”, remarcaron.
En paralelo a las quejas de quienes habitualmente utilizan el servicio y de las extensas filas para renovar el saldo, también crece la preocupación entre los empleados, que perciben en estas circunstancias la señal de un problema más profundo. En este caso en particular, por la posibilidad de que la reducción de las boleterías en funcionamiento –o un eventual cierre- derive en la pérdida de puestos laborales.
“Es una total irresponsabilidad porque se cierran puestos de trabajo, a los usuarios les genera un perjuicio muy grande y al mismo tiempo se utiliza para que Ferrocarriles Argentinos no esté recaudando dinero, no se están vendiendo pasajes y no se esté haciendo casi ningún control de pasajes. Eso está teniendo un gran problema de desfinanciamiento del ferrocarril y al mismo tiempo pone en peligro la fuente de trabajo de los boleteros”, contó a este medio Ariel, trabajador ferroviario del Roca.
La versión que recibieron, contó, es que “no se firmaron los contratos con los responsables de llevarse el dinero de las terminales” debido a que no asumieron las nuevas gerencias. “Estamos exigiendo que se reabran las boleterías y que se hagan las cuestiones administrativas entre SUBE y Ferrocarriles Argentinos, que le tira la pelota a la empresa SUBE y viceversa. Pero no dan información certera, son cientos los puestos de trabajo que corren peligro y, de hecho, ya son muchos boleteros que los han cambiado de sector y los han mandado a estaciones más lejanas”, relató.
La problemática ocurre mientras circulan versiones referidas a la puesta en marcha de un plan para que se utilicen otras alternativas de pago. En ese sentido va la iniciativa del diputado del Pro Damián Arabia, quien presentó el proyecto denominado “Sistema universal de pago en el transporte público”, según el cual se podría utilizar “tecnología para tarjetas de crédito, débito, prepaga, NFC y otras tecnologías emergentes o que pudieran desarrollarse para la percepción del boleto electrónico”.
“Parte de su política es cambiar el sistema SUBE por un sistema donde participen empresas como Mercado libre o Ualá”, sugirió Tomás, integrante de la Asamblea Vecinal de Lanús, una organización que –junto con otras similares- se manifestó “en contra de la privatización, del cierre de las boleterías y del tarifazo en el transporte” en una protesta que se hizo el 20 de febrero en el hall de la estación de Constitución para también acompañar el reclamo de los trabajadores.
Desde la Secretaría de Transporte, en tanto, se expresaron en el mismo sentido que Trenes Argentinos y, de igual forma, tampoco dieron plazos para la resolución del conflicto. “No hay un tema de sistema ni de cierre de boleterías, es un tema administrativo y de recaudación”, repitieron ante la consulta de LA NACION sobre los rumores que indican que el objetivo sería reemplazar el mecanismo de recarga o incluir otros métodos de pago.
El plan de privatizar empresas en manos del Estado fue una de sus principales consignas de campaña. Trenes Argentinos Operaciones –en realidad, Operadora Ferroviaria SE– es una de las firmas de las cuales el Gobierno pretendía desprenderse si lograba la aprobación de ley ómnibus. Si bien el proyecto quedó trunco en la Cámara de Diputados y volvió a comisiones, el presidente Javier Milei aseguró, en más de una oportunidad, que seguirá adelante pese “a las trabas del Congreso”.