La situación política en Argentina se encuentra en un punto crítico debido a la falta de avances en la aprobación del Presupuesto 2025. La oposición ha manifestado su desconfianza hacia el Gobierno y ha decidido priorizar el debate de la ley que limita los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
Este contexto ha generado tensiones y ha puesto en evidencia las dificultades para alcanzar consensos en el Congreso. El Presupuesto 2025, presentado por el gobierno de Javier Milei en septiembre, ha encontrado obstáculos significativos en su camino hacia la aprobación.
Las negociaciones entre el Ejecutivo y los bloques opositores han sido escasas y poco fructíferas. Diputados y senadores de los bloques dialoguistas y del kirchnerismo han expresado su frustración por la falta de interlocutores en la Casa Rosada para negociar las partidas presupuestarias del próximo año.
La situación se complica aún más debido a la proximidad del cierre de las sesiones ordinarias a fin de mes. Si el Presupuesto no se aprueba antes del 20 de noviembre, el Ejecutivo podría verse obligado a prorrogar la ley de gastos vigente, lo que permitiría al Gobierno administrar los recursos con escaso control en plena campaña electoral.
Esta posibilidad ha generado preocupación en la oposición, que teme un uso discrecional de los fondos públicos por parte del oficialismo. La desconfianza de la oposición hacia el Gobierno se ha visto exacerbada por la falta de avances en las negociaciones presupuestarias.
Los bloques opositores han señalado que el Ejecutivo no ha mostrado disposición para dialogar y alcanzar acuerdos. En este contexto, la oposición ha decidido priorizar el debate de la ley que limita los DNU, una herramienta que consideran ha sido utilizada de manera excesiva por el Gobierno para eludir el control legislativo.
Debate
La ley de DNU, sancionada en 2006 durante la gestión de Cristina Kirchner, establece el régimen legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia y las regulaciones del Congreso. La oposición busca modificar esta ley para limitar el poder del Ejecutivo y fortalecer el rol del Congreso en la ratificación de los DNU.
Entre las propuestas se encuentra la exigencia de que el Congreso ratifique los DNU en un plazo de 90 días con el voto afirmativo de ambas cámaras, o de lo contrario, perderían vigencia. La tensión en el Congreso ha ido en aumento a medida que se acerca la fecha límite para la aprobación del Presupuesto.
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