La Unión Europea y el Mercosur acaban de anunciar un acuerdo que negocian desde 1999. Después de 20 años de idas y venidas, el 28 de junio de 2019 en Bruselas se alcanzó un acuerdo político que los gobiernos europeos frenaron. Ahora, más de cinco años después, puede llegarse a la misma situación.
De qué se trata el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur
El acuerdo uniría los dos mayores bloques multinacionales del planeta, a más de 700 millones de personas (dos tercios en Europa y un tercio en el Mercosur, aproximadamente). La Unión Europea es todavía el primer socio comercial e inversor en los países del Mercosur. Sus exportaciones a los países del bloque sudamericano se acercan a los 50.000 millones de euros. La inversión europea en Mercosur sumaba a principios de la década un acumulado de 330.000 millones de euros.
El acuerdo aumentaría el comercio y las inversiones al eliminar o reducir masivamente los aranceles por las dos partes y aumentar las cuotas de exportaciones.
Reforzaría desde las normas de propiedad intelectual comunes hasta los estándares de seguridad sanitaria y fitosanitaria y la protección de las denominaciones de origen. Los añadidos negociados en los últimos años reforzarían las políticas de desarrollo sostenible, los derechos de los trabajadores y, sobre todo, la protección medioambiental.
Los datos que la Comisión Europea siempre destaca para vender el acuerdo en Europa cuentan que las empresas europeas se ahorrarán más de 4.000 millones de euros al año en aranceles, sobre todo las automotrices, las de maquinaria industrial, las químicas y farmacéuticas. También en menor medida otras como las de calzado, bebidas alcohólicas y textiles. Por parte de los productores de Mercosur, los grandes beneficiados serían los productos agropecuarios.
El acuerdo tiene un significado político evidente. Justo cuando se espera que Donald Trump imponga aranceles en cuanto tome posesión del Despacho Oval, Europa y Mercosur envían una señal contraria que, si llega a ratificarse, hará que los dos bloques estrechen aún más sus relaciones.
¿Por qué su ratificación en Europa es muy dudosa?
El acuerdo al que llegaron los líderes del Mercosur y la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Úrsula Von der Leyen, es solo político.
En los países del Mercosur se necesitaría una ratificación parlamentaria, pero el proceso en Europa es mucho más complejo y está lleno de obstáculos.
La Comisión Europea tardará unos meses en preparar los textos jurídicos y las traducciones, aunque buena parte del trabajo ya se hizo en 2019 y podría aprovecharse. Cuando tenga toda la documentación esté preparada, la Comisión deberá llevar el texto para que sea votado por los ministros de Economía (son normalmente los competentes en Comercio).
El calendario lo hace complejo y el acuerdo es tan políticamente tóxico en Europa que podría alterar elecciones. Los alemanes van a las urnas en febrero en legislativas, los polacos en mayo en presidenciales y los franceses podrían ir en junio en legislativas anticipadas. Todas las fuentes apuntan a que Von der Leyen dejará pasar esos meses.
A la vuelta del verano europeo, ya en septiembre, la Comisión debería ver cuál es la relación de fuerzas en el Consejo, donde se reúnen los ministros. Varias fuentes explican estos días que, ahora mismo, todo estaría pendiente de la buena voluntad de la italiana Giorgia Meloni.
¿Qué países europeos están a favor y quiénes en contra del acuerdo con el Mercosur?
La mayoría de los Estados miembros de la UE votarían a favor, y Francia buscaría una minoría suficiente para bloquearlo, pues se aprueba por mayoría cualificada y las abstenciones cuentan como votos negativos.
Francia tiene ahora el apoyo de Bélgica, Austria, Irlanda, Luxemburgo, Polonia, Países Bajos e Irlanda. No suman suficiente para bloquear (se necesita 35% de los países y 45% de la población). Pero Italia duda y la oposición crece en el Gobierno italiano. Si Italia se suma al NO el acuerdo quedaría indefinidamente bloqueado.
La negativa de Francia es independiente del color político de sus gobiernos y dura desde hace décadas. Mientras España votaría a favor sin tener en cuenta, por ejemplo, la bronca entre Milei y Pedro Sánchez, o Alemania a pesar de la oposición de sus potentes grupos ecologistas, Francia lo hará en contra. El campo francés sigue siendo un poder con una influencia política tan importante que puede alterar resultados electorales.
Si saliera adelante en esa instancia, pasaría al Parlamento Europeo. Con la composición actual de la Eurocámara la ratificación sería por poco y, más que por ideología como es habitual, el voto sería por nacionalidad.
Los españoles o alemanes votarían masivamente a favor, mientras italianos y franceses lo harían en contra. Si saliera adelante esa votación (por mayoría absoluta, que ahora mismo está en 361 eurodiputados) el acuerdo entraría en vigor de forma provisional. La ratificación definitiva pasaría por el voto de los 27 parlamentos nacionales y de seis parlamentos regionales belgas. Si uno solo de esos votos es negativo, la aplicación del acuerdo se suspendería. El proceso puede alargarse durante años. Solo como un ejemplo, el acuerdo de la Unión Europea con Canadá se acordó en agosto de 2014 y las últimas ratificaciones nacionales fueron en 2023. Tardaron 9 años y eso podría ser un espejo para este acuerdo.
¿En qué se diferencia del acuerdo de 2019?
La base del texto de 2019 y del actual es la misma y los cambios son mínimos. Se añade que las partes deben respetar el Acuerdo del Clima de París de 2021 (todos los firmantes ya lo habían ratificado), que la deforestación se detenga como máximo en 2030. Se añade un fondo de 1.800 millones de euros para la transición digital en los países del Mercosur y salvaguardas sobre contratos públicos y a la exportación de autos.
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