A un año de su asunción, Javier Milei está logrando una etapa de paz con el sindicalismo que parecía imposible cuando el 21 de diciembre de 2023, 11 días después de haber llegado a la Casa Rosada, puso su firma a la reforma laboral no consensuada en el DNU 70 y desató una guerra con la CGT que llevó a dos paros generales en sólo 150 días (4 meses y 27 días) de gobierno libertario.
La ruptura de la prolongada siesta de la CGT, que pasó los 4 años de la administración de Alberto Fernández y Cristina Kirchner sin hacer siquiera una movilización de protesta, se produjo por un abrupto viraje de la Casa Rosada: desde antes de asumir, un referente mileísta como Guillermo Francos negociaba en secreto con los dialoguistas de la CGT una reforma laboral limitada, pero cuando el DNU apareció publicado, los dirigentes descubrieron que su contenido se había endurecido por iniciativa del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y del asesor Federico Sturzenegger.
Esos vaivenes del Gobierno, que alternó la actitud negociadora con la postura confrontativa, fueron un sello distintivo de estos primeros 12 meses de Milei en el poder. La tolerancia de la CGT hacia los libertarios duró muy poco: el 27 de diciembre pasado se movilizó ante el Palacio de Tribunales para acompañar su impugnación judicial contra la reforma laboral contenida en el DNU 70.
Durante la última campaña electoral, Milei se reunió a solas con Gerardo Martínez (UOCRA) y selló una alianza política con Luis Barrionuevo (gastronómicos), contactos tras los cuales le hizo un sugestivo guiño a todo el sindicalismo: pasó sin escalas de promover una plataforma de La Libertad Avanza que proponía “una nueva ley para democratizar el movimiento sindical, prohibiendo las reelecciones continuas de los representantes” a tolerar los mandatos perpetuos de los gremialistas. “Ese es un problema que tendrán que encontrar la solución los trabajadores. No tengo que estar rompiendo yo una institución”, afirmó en declaraciones a LN+.
Ese giro copernicano, curiosamente, terminó cuando Milei incumplió su acuerdo con los dialoguistas de la CGT y, desde entonces, el vínculo entre los dos sectores se fue enturbiando. La primera víctima del zigzagueo libertario fue el primer subsecretario de Trabajo, Horacio Pitrau, un ex funcionario laboral de Mauricio Macri que secundó a Omar Yasín, también del PRO pero que había llegado a liderar la Secretaría de Trabajo por su amistad con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
El ala dura del Gobierno pidió el despido de Pitrau tras considerarlo responsable de una estrategia negociadora hacia los gremialistas, que se tradujo en un encuentro entre Pettovello y el titular del Sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, en medio de las tensiones con la CGT por el DNU 70.
Al líder mercantil le prometieron solucionarle la limitación que fijó el decreto a las cuotas solidarias, un sistema adicional de recaudación sindical a través de los convenios colectivos, que quedó en jaque porque se estableció que podía cobrarse sólo si había un “consentimiento explícito” de los trabajadores. Fue el primer paso de una estrategia diseñada por Yasín y Pitrau, con el aval de Pettovello, para meter una cuña en el sindicalismo: cada dirigente se vería obligado a pedir el mismo dictamen que había logrado Cavalieri. Era una forma de intentar debilitar a una CGT que se pintaba la cara contra el Gobierno, sacándole respaldos como el del sindicato más numeroso de la Argentina.
Esa jugada desató una tormenta en el Gobierno y, además, agravó el enfrentamiento con los gremialistas, cuya ofensiva tuvo un primer éxito: la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo hizo lugar al amparo de la CGT y determinó que el capítulo laboral del DNU de Milei era inconstitucional.
Con la reforma laboral frenada, el oficialismo convocó a la dirigencia cegetista a un encuentro en la Casa Rosada que tuvo lugar el 10 de abril. Pablo Moyano no fue y su lugar fue ocupado por Hugo, su padre, quien aprovechó el contacto para plantear su queja porque no le homologaban la paritaria porque superaba la pauta del Ministerio de Economía. Al día siguiente, pese a la instancia de diálogo que se había abierto, la CGT decidió convocar al segundo paro general para el 9 de mayo y hacer una masiva movilización a Plaza de Mayo por el Día del Trabajador para protestar contra el Gobierno.
Ese encuentro en la Casa Rosada fue casi el debut en su cargo del reemplazante de Yasín, Julio Cordero, quien ya se desempeñaba como asesor en Trabajo y durante la campaña formó parte del equipo laboral de La Libertad Avanza, tras haber abandonado las filas del bullrichismo.
El nuevo secretario de Trabajo, Julio Cordero, es un viejo conocido de los sindicalistas porque durante muchos años fue abogado de Techint y de la Unión Industrial Argentina (UIA). Dueño de una impronta dialoguista, el funcionario terminó siendo una pieza clave en el acercamiento de la CGT al Gobierno, pese al conflicto permanente impulsado por Pablo Moyano y el sector kirchnerista.
Cordero, que fue nombrado luego de que echaron a Yasín al hacerlo responsable del “error” de haber aprobado un aumento salarial del 48% para los máximos funcionarios nacionales, fogoneó junto con Francos las negociaciones para que la reforma laboral trabada en la Justicia tuviera una nueva vida como parte de la Ley Bases. Allí, el aliado de la CGT que terminó ayudando al Gobierno fue el diputado Miguel Angel Pichetto, jefe del bloque Hacemos Federal y principal artífice de que, en abril pasado, se eliminaran 42 artículos de la versión original de la Ley Bases que irritaban al gremialismo.
Así, el proyecto aprobado en el Senado que trató Diputados tuvo sólo 17 de los 58 artículos de la reforma laboral que promovía la Casa Rosada. De esa forma quedó a salvo la “caja sindical” porque se quitó del texto la limitación a las cuotas solidarias, y se suprimieron la regulación de la huelga en servicios esenciales como la educación; la modificación de la ultraactividad de los convenios colectivos y la penalización de las asambleas que son paros encubiertos, entre otros puntos.
El problema para los diputados que buscaban congraciarse con la CGT es que el Senado incorporó en la iniciativa modificaciones que volvieron a poner en alerta al sindicalismo. Uno de los agregados votados en la Cámara Alta, propuesto por los senadores de la UCR, era la penalización de los bloqueos sindicales al considerarlos “grave injuria laboral”, una figura que les da a los empleadores amplias facultades para despedir con causa a trabajadores que participan de ese tipo de medidas.
La reforma laboral en su versión recortada, finalmente, fue convertida en ley por la Cámara de Diputados el 28 de junio e incluyó, entre otros puntos, creación de un sistema indemnizatorio distinto y basado en el Fondo de Cese Laboral como el que rige en la construcción, el blanqueo laboral y la figura del trabajador independiente con colaboradores. El sector dialoguista de la CGT no objetó la sanción de una iniciativa que fue moldeada casi a su gusto. Con su habitual capacidad de síntesis, el siempre opositor Pablo Moyano consideró que la ley aprobada era “una cagada”.
En un clima más distendido, aunque seguían los tironeos sindicales entre dialoguistas y duros, Cordero convocó a la CGT a una reunión en Trabajo que se hizo en julio y en los mismos días tuvo un encuentro con los empresarios del Grupo de los Seis con la idea de avanzar en una mesa de diálogo social. Pero el 25 de julio, sorpresivamente, el Consejo Directivo de la CGT resolvió no ir al diálogo que proponía el secretario de Trabajo: tras un intenso debate, predominó la postura del sector más intransigente que consideró que el Gobierno no había dado respuesta a sus reclamos de la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y el pedido de que el Poder Ejecutivo retirara la apelación ante la Corte Suprema contra la suspensión del capítulo laboral del DNU 70.
Semanas después, los dialoguistas de la CGT, que no dejaron de tener charlas secretas con el Gobierno, aceptaron la invitación de Francos a tener otra reunión el 30 de septiembre en la Casa Rosada. El escenario no era el mejor porque estaban en conflicto los sindicatos del transporte y del sector educativo. Los sindicalistas se llevaron más de lo que pensaban de su reunión con Francos, Cordero y el asesor estrella Santiago Caputo: el Gobierno aceptó dar marcha atrás con el artículo anti-bloqueos y accedió a consensuar su reglamentación en una mesa de diálogo tripartita.
Pero, además, hubo una yapa: Caputo les ratificó que el Gobierno no dará su apoyo al “proyecto Tetaz”, como llaman al proyecto de Democracia Sindical que les pone límites y controles al gremialismo y que el jefe de Gabinete había frenado la semana anterior al ordenar a los diputados de La Libertad Avanza que no le dieran su apoyo en la Comisión de Legislación del Trabajo.
Aun así, el ala dura que encarna Pablo Moyano ya había desplegado una estrategia propia, distanciada de la CGT, que derivó en la creación de la Mesa Nacional del Transporte, que integraron, además de Camioneros, sindicatos como pilotos, aeronavegantes, La Fraternidad y marítimos. La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que fue miembro fundador de esa agrupación, terminó negociando salarios y abriéndose de esa fracción combativa. Por eso fue parcial el paro de 24 horas dispuesto por la Mesa para el 30 de octubre, que realizado en medio del significativo silencio de la CGT.
En noviembre, la agenda sindical quedó dominada por el duro conflicto entre los sindicatos aeronáuticos y Aerolíneas Argentinas, que incluyó paros que ocasionaron graves trastornos a miles de pasajeros en Aeroparque y Ezeiza. Los dialoguistas intentaron mediar ante el Gobierno para alcanzar una solución, pero la intransigencia de los dirigentes del sector hizo fracasar esa gestión.
Finalmente, el 13 de noviembre se firmó el acuerdo entre tres sindicatos aeronáuticos y Aerolíneas, y, en el contexto de un mejoramiento del clima sindical, la mesa chica de la CGT volvió a deliberar 6 días más tarde, sin la presencia de Pablo Moyano, promotor de otro paro general y decidió apostar al diálogo con los funcionarios libertarios y los empresarios y no realizar nuevas medidas de fuerza.
Esa resolución precipitó la renuncia de Pablo Moyano a la CGT porque, según dijo, “no coincide con las decisiones de la llamada mesa chica”. Sin embargo, Camioneros no se fue de la central obrera y ratificó su alianza con los dialoguistas. Quedó cristalizado este lunes cuando Hugo Moyano se reunió con una delegación cegetista liderada por sus cotitulares Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), más Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) y Cristian Jerónimo (vidrio).
Allí, Moyano les anunció que irá a la mesa chica de la CGT en nombre del Sindicato de Camioneros y otro dirigente de confianza, Octavio Argüello, será su representante en el triunvirato cegetista hasta el final del mandato de las autoridades de la central obrera, en noviembre de 2025. Así se pondrá en marcha otra etapa cegetista con una impronta negociadora mucho más fuerte: sin Pablo Moyano, la central obrera se apresta a ser convocada por el Gobierno para crear la mesa de diálogo tripartito.
Luego de tantas idas y vueltas, Milei está a punto de oficializar su acuerdo con la “casta sindical”, cuyos miembros están resignados a negociar ante una serie de datos positivos de la economía y el poco clima de protesta por parte de la mayoría de los trabajadores. La inflación se mantiene baja, el dólar está quieto y hay tibios signos de mejora del empleo. Hoy, los dialoguistas tienen más fuerza interna con la incorporación de Hugo Moyano a la CGT y los duros dieron marcha atrás, como quedó demostrado con los sindicatos del transporte, que no decidieron nuevas medidas de fuerza.
¿Será una paz duradera? Nadie lo sabe. Todo dependerá de cómo sigan los datos económicos y, en la medida que en no haya malas noticias en ese rubro, cómo le irá a Milei en las elecciones de 2025. Los sindicalistas imaginan que los candidatos libertarios serán los más votados, lo que significa un Congreso con una cantidad de legisladores más favorable a las reformas que quiere el Presidente. Ese escenario de un Milei con más capacidad de sancionar leyes aterra a un sindicalismo que teme que, tarde o temprano, las reformas libertarias apunten contra su poder político y económico.