La Fiscalía de Corea del Sur ha citado este lunes nuevamente a declarar al presidente, Yoon Suk Yeol, que ha sido suspendido del cargo tras una moción de destitución aprobada durante el fin de semana por el Parlamento en respuesta a la declaración a principios de diciembre de la ley marcial, una medida que estuvo en vigor tan solo unas horas.
La citación se enmarca en la investigación abierta en su contra por supuesta insurrección y abuso de poder después de haber anunciado la primera ley marcial en más de 40 años en un inesperado discurso a la nación en el que acusó a los diputados opositores de simpatizar con Corea del Norte.
La decisión llega tan solo un día después de que Yoon evitase acudir a declarar el domingo alegando que aún carece de un equipo legal adecuado, si bien de momento se desconoce la fecha exacta de la citación, según informaciones recogidas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.
Las investigaciones han llevado a la detención del exministro de Defensa Kim Yong Hyun, que habría intentado quitarse la vida en prisión, y el jefe del Mando de Contrainteligencia, entre otros.
Previamente, las fuerzas de seguridad han citado también al exministro del Interior Lee Sang Min para interrogarle después de que fuera acusado directamente de colaborar a la hora de organizar la supuesta insurrección, que se topó con la oposición del Parlamento.
Este mismo lunes, el Tribunal Constitución ha fijado para el 27 de diciembre la primera vista para abordar la destitución de Yoon, que tiene que recibir el visto bueno de la corte para hacerse efectiva. Para que la medida reciba el aval constitucional debe contar con el voto a favor de seis magistrados, de un total de nueve, en el marco de las audiencias que se celebrarán públicamente.
La corte tiene 180 días para hacerlo y, según la Constitución surcoreana, deberá respaldar la medida para que esta se haga efectiva. Posteriormente, deben convocarse elecciones anticipadas en un periodo de 60 días.
Yoon, que ha pedido perdón por lo ocurrido, sigue defendiendo su decisión, adoptada con el fin de «proteger» al país de «fuerzas contrarias al Estado». No obstante, el texto de la moción aprobada el sábado incluye acusaciones en su contra por dar directrices a las fuerzas de seguridad para detener a diputados opositores durante las pocas horas en que estuvo vigente la ley marcial, una decisión por la que ya han tenido que disculparse varios altos cargos, entre ellos el exministro de Defensa y el propio presidente.