Aerolíneas Argentinas convocó a una asamblea de accionistas para aprobar, con casi un año de atraso, su balance finalizado el 31 de diciembre, que coincide con el último año de la gestión de La Cámpora al frente de la línea aérea estatal.
La convocatoria fue publicada el jueves en el Boletín Oficial y establece que el lugar será la sede de Aerolíneas de Aeroparque, el 13 de febrero a las 11.
La propia convocatoria incluye la admisión por parte de las actuales autoridades de Aerolíneas, encabezadas por Fabián Lombardo, de que el balance está siendo presentado fuera de término (punto 2) y luego avanza en los formalismos necesarios para cumplir con los representantes de todos los accionistas de la empresa, ya que a pesar de que el Estado tiene 99% de las acciones, éstas siguen siendo diferenciadas en cuatro categorías.
Uno de los puntos, con nombre y apellido, se refieren a la designación como director de Diego Colunga, quien había sido designado por el Gobierno como representante de las acciones del programa de propiedad participada (PPP) de la ex Austral. Se trata del hijo de Carlos Colunga (el histórico CEO de la empresa de taxis aéreos McAir, de la familia Macri) y él mismo también ex director de una empresa de taxis aéreos, Unicos Air. Por esa actividad reciente en el sector privado que Colunga necesita contar con una autorización específica por parte de los accionistas de la empresa estatal.
De no haber sorpresas, los números de Aerolíneas ya se conocen, porque fueron difundidos a lo largo del año pasado tanto por la Auditoría General de la Nación como por el propio presidente de la línea aérea.
Esas cifras arrojan que Aerolíneas tiene un patrimonio neto negativo (activos menos pasivos) de poco más de 170 millones de dólares. Sus activos al 31 de diciembre sumaban $1,358 billón contra un pasivo de $1,528 billón.
Según la ley de Sociedades, si los socios no aportan el capital necesario para compensar la diferencia, los acreedores estarían en situación de solicitar la disolución de la sociedad para garantizar el pago de los pasivos.
A su vez, desde su estatización en 2008 hasta fines de 2023, el patrimonio neto negativo de Aerolíneas era cubierto de manera sistemática por aportes del Estado, el cual estaba obligado a hacerlo por la Ley Nº 26.466 de expropiación de Aerolíneas, de 2008.
Pero el mega DNU 70 de diciembre de 2023 derogó aquella obligación, con lo cual hoy el Gobierno puede decidir si capitaliza o no a la empresa.
Desde que asumió el gobierno de Milei, el Tesoro giró a Aerolíneas $58.732 millones (equivalentes a poco más de 60 millones de dólares), por debajo del presupuesto asignado en subsidios a la línea aérea, el cual a su vez era una prórroga (sin ajuste por inflación) del presupuesto del año anterior. Aquel monto fue destinado al pago de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas, según fuentes de la compañía.