Otra vez, el libre mercado es atacado por el Gobierno que, hasta no hace mucho, se vanagloriaba de defenderlo, de promoverlo en todos los ámbitos de la vida argentina; incluso en la salud, mientras vacía de personal y prestaciones el sistema público.
Es que en las últimas horas se llevó a cabo una reunión del más alto nivel en el Ministerio de Salud de la Nación, donde funcionarios libertarios “apretaron” a las empresas de medicina prepaga para que den marcha atrás con los aumentos previstos para las cuotas de mayo.
Fueron la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano; el jefe de Gabinete de la cartera, Roberto Olivieri; el gerente general de la Superintendencia de Servicios de Salud, Claudio Stivelman, y el gerente de Sistema, Juan José Picón, quienes cometieron el “mercadocidio”.
Las víctimas fueron los representantes de las principales empresas de medicina privada del país: OSDE, Swiss Medical, Galeno, Medicus, Sancor Salud, Hospital Italiano, Accord Salud, Omint y Hominis.
En concreto, los funcionarios nacionales consultaron a los representantes de las prepagas por qué los primeros avisos enviados a sus afiliados anticipaban aumentos cercanos al 3,7% (inflación general) en lugar del 1,8%, como marcó el llamado el IPC de salud.
Los datos relevados por el Gobierno, empeñado a retener la nueva escalada inflacionaria a como dé lugar, indicaron que las subas anunciadas por las prepagas oscilan entre el 3,5% y el 3,9%, lo que podría volver a empujar la inflación en las próximas semanas.
De manera que en el Ministerio de Salud expresaron reparos sobre el criterio de actualización de las cuotas, cuestionando que se incluyan en el cálculo rubros como vestimenta o educación, que no deberían influir en los costos de una prepaga.
Ante tanta presión, que trae a la memoria los métodos del exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, trascendió que las prepagas se comprometieron a dar marcha atrás con los aumentos previstos para mayo y que a la brevedad comunicarán a sus clientes las correcciones en los ajustes, para acercarse a un máximo de 2,5%.
En otro orden, los representantes de la compañías de salud privada destacaron la estabilidad cambiaria pero pidieron a los funcionarios que “sigan de cerca” los precios de medicamentos, alimentos y servicios públicos, que impactarían directamente en los costos de las prestaciones que brindan.