El silencio en el piso 13 de la torre Boulevard, en el complejo Le Parc de Puerto Madero, no era un silencio de descanso. Pesaba. Era la tarde del domingo 18 de enero de 2015 y Alberto Nisman, fiscal especial de la causa Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) desde 2004, permanecía encerrado en su departamento 1302, rodeado de carpetas, escuchas telefónicas y el borrador final de una denuncia que había presentado apenas cuatro días antes, el 14 de enero, contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios.
Se sabe que el fiscal tenía 51 años y debía presentarse al día siguiente, lunes 19, ante la Comisión de Legislación Penal del Congreso. Nunca llegó. Durante horas no respondió llamados de colaboradores ni de su custodia. A las 22.30, su madre, Sara Garfunkel, ingresó al departamento con ayuda de un cerrajero. El cuerpo de Nisman yacía en el baño, bloqueando la puerta. Tenía un disparo en la cabeza.
El arma era una Bersa calibre .22, perteneciente a Diego Lagomarsino, un colaborador informático que se la había prestado el día anterior, el sábado 17, según declaró luego. En la escena no se hallaron signos de forcejeo. El departamento estaba cerrado desde adentro. El caso, desde ese instante, dejó de ser solo judicial.
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El ajedrez de las sombras y la denuncia que nunca se expuso
La acusación que Nisman había presentado constaba de 289 páginas y sostenía que el Memorándum de Entendimiento con Irán, firmado en 2013, buscaba encubrir a los acusados iraníes por el atentado a la AMIA, que había dejado 85 muertos y más de 300 heridos el 18 de julio de 1994. La prueba central eran escuchas telefónicas obtenidas.
En ese entramado aparecía la figura de Antonio “Jaime” Stiuso, histórico agente de inteligencia con quien Nisman trabajó durante años. Stiuso había salido del país días antes de la muerte del fiscal. Las llamadas telefónicas registradas ese fin de semana mostraron movimientos intensos y coordinados entre agentes y funcionarios clave, datos que luego alimentarían hipótesis de espionaje interno y presiones políticas.
Las primeras pericias indicaron ausencia de terceros. Sin embargo, con el paso del tiempo, el expediente se fue fragmentando. La escena fue alterada en las horas iniciales por el ingreso de policías, funcionarios judiciales y peritos sin protocolo claro. El expediente pasó por más de una decena de jueces y fiscales y acumuló miles de fojas.
En 2017, la Gendarmería Nacional presentó un peritaje de 400 páginas que concluyó que había sido asesinado por al menos dos personas. La causa pasó al fuero federal bajo la carátula de homicidio. A once años, no hay imputados.
El lunes que partió al país en dos
La noticia del hallazgo del cuerpo, difundida en la madrugada del 19 de enero de 2015, tuvo un efecto inmediato. El impacto fue político, institucional y social. El país se dividió entre quienes hablaron de asesinato y quienes sostuvieron la hipótesis del suicidio, una grieta que nunca volvió a cerrarse.
El 18 de febrero de 2015, exactamente un mes después, una multitud colmó Plaza de Mayo y distintas ciudades del país en la denominada Marcha del Silencio, convocada por fiscales y acompañada por miles de ciudadanos bajo una lluvia persistente. La imagen quedó grabada como uno de los hitos de la posdemocracia.
Desde entonces, el nombre de Nisman reaparece de manera cíclica. En campañas electorales, en discursos oficiales, en debates sobre la independencia judicial y el rol de los servicios de inteligencia. El expediente se convirtió en un símbolo.
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Alberto Nisman murió dos veces. La primera, aquella noche de enero, solo en un baño de mármol. La segunda, en un país que lleva once años discutiendo su final sin alcanzar una verdad definitiva. Su figura sigue recorriendo los pasillos de Comodoro Py, como un recordatorio incómodo de que, en la Argentina, el silencio también deja huellas.