Una vez más, Cristina Kirchner acudió a la Cámara Federal de Casación Penal para exigir que le reiteren la tobillera electrónica y eliminar el régimen de visitas impuesto después de la reunión que mantuvo con nueve economistas en San José 1111, el departamento donde cumple el arresto domiciliario como resultado de la condena por corrupción del caso Vialidad. No sólo justificó aquel encuentro sino que s sus reclamos sumó uno más: la libre utilización de la terraza del edificio del barrio de Monserrat.
La Sala IV del máximo tribunal penal, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, recibió este jueves un escrito de 32 páginas firmado por Carlos Beraldi, abogado defensor de la ex Presidenta.
El objetivo de la presentación es lograr que se le retire el dispositivo electrónico a través del cual -por orden del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que ejecuta la pena-, se monitorea su arresto domiciliario. Conjuntamente, la defensa solicita que no se impongan restricciones al régimen de visitas después de las medidas impuestas por el juez Jorge Gorini, quien entendió que la fotografía con los nueve economistas violaba las reglas impuestas.
A los fundamentos establecidos por el Tribunal se opuso Cristina Kirchner, y en el escrito incorporó un nuevo reclamo: sacar el límite de dos horas diarias para subir a la terraza.
El 17 de diciembre el juez Gorini quien hasta entonces era el responsable de la ejecución de la pena (este año la responsabilidad es de su par, Rodríguez Giménez Uriburu) determinó que la ex mandataria sólo puede acceder a la terraza del edificio “en horas diurnas y por un espacio máximo de dos horas diarias”.
Gorini señaló que “tal como surge de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, es un deber inexcusable el de garantizar a las personas privadas de la libertad el acceso a un espacio al aire libre que pueda servir para el desarrollo de actividades físicas y recreativas”.
Pero el abogado Beraldi entiende que esa limitación para la ex Presidenta es “arbitraria” pues el acceso a algún espacio abierto o semiabierto es un derecho básico que debe ser acordado a toda persona privada de su libertad ambulatoria, a fin de salvaguardar su integridad físico-psíquica”.
Para fundamentar este criterio, el abogado explicó que así lo establecen las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos”, la misma que utilizó el juez Gorini para argumentar la restricción impuesta.
En otras palabras, continuó diciendo la defensa, “el contacto con el aire libre no constituye un beneficio de la persona condenada, sino antes bien es un derecho elemental, reconocido en la legislación local y en la normativa internacional que rige en la materia”.
Al continuar con las razones que sustentan el pedido de dejar sin efecto las dos horas diarias de uso de la terraza, Beraldi indicó que “no existe ninguna norma que faculte a los jueces a disponer en qué días y en qué horarios una persona que cumple pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria puede acceder al patio, al balcón o a la terraza de su domicilio”.
El defensor cree que, al igual el régimen de visitas, las restricciones respecto a la concurrencia a la terraza del edificio donde cumple pena Cristina Kirchner, “carecen de todo sustento normativo y, por ende, resultan lesivas del principio de legalidad sustantiva y del principio de reserva”.
Beraldi afirma que el horario para poder ir a la terraza «consolida una nueva violación al principio de igualdad ante la ley, toda vez que no se conocen antecedentes en los cuales se hayan impuesto restricciones similares a otras personas que cumplen su pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria”.
La foto con los economistas
En el escrito de este miércoles, la defensa justificó la reunión de Cristina con nueve economistas en el living de San José 1111, que disparó el endurecimiento de sus condiciones de detención.
“El día 17 de junio, insistimos, lo único que hizo nuestra representada fue reunirse con un grupo de profesionales que le entregaron un plan económico, algo que en modo alguno puede ser calificado como una infracción a las obligaciones impuestas o acaso una violación a las pautas del sentido común o normas de seguridad imperantes”.
La explicación busca dejar sin vigencia el régimen impuesto por el Tribunal visitas, que sostiene que deben tener una duración máxima de dos horas, que podrán concederse hasta dos veces por semana y no podrán superar el límite de tres personas concurrentes para cada ocasión.