Un juez brasileño decidió mantener las restricciones a la abogada argentina, que incluyen la prohibición de salir del país y el uso de tobillera electrónica, hasta que se dicte la sentencia definitiva en su causa.
La posibilidad de que Agostina Páez regresara a la Argentina tras casi dos meses en Brasil quedó, una vez más, en suspenso. Cuando todo indicaba que su salida era inminente, una resolución judicial modificó el escenario y extendió su permanencia en Río de Janeiro.
El giro respondió a una decisión del juez a cargo de la causa, Guilherme Schilling Pollo Duarte, quien optó por sostener las restricciones vigentes hasta que se complete el proceso judicial, pese a que existía consenso entre las partes para flexibilizarlas. El caso había entrado en una etapa de resolución luego de que la fiscalía aceptara reducir la acusación. De tres hechos independientes se pasó a un único delito bajo la figura de «delito continuado», lo que implicó una fuerte disminución de la pena esperada.
Ese acuerdo, que contemplaba sanciones menores como tareas comunitarias y una compensación económica, había generado expectativas de una pronta salida del país. Sin embargo, la decisión judicial alteró ese escenario. El magistrado resolvió mantener las medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir de Brasil y el uso de tobillera electrónica, hasta que se presenten los alegatos finales y se dicte la sentencia de fondo.
Según explicó la defensa, el cambio se produjo tras un planteo de la fiscalía. El organismo consideró que ciertas declaraciones públicas de Páez podían interpretarse como una posible interferencia en el proceso, lo que motivó el pedido de continuidad de las restricciones. El juez avaló esa postura y priorizó asegurar la disponibilidad de la acusada ante el tribunal hasta el cierre definitivo del expediente.
Para los abogados, se trata de una decisión excesiva. De hecho, ya presentaron un hábeas corpus con el objetivo de revertir la medida y habilitar su regreso inmediato. El martes, la audiencia de más de tres horas había arrojado un saldo que todos interpretaron como una victoria diplomática y jurídica. Bajo esa premisa, y con el aval de la acusación y la querella, se esperaba que el magistrado firmara esta semana el acta de liberación de las cautelares tras fijar un monto de caución. Sin embargo, el juez Schilling Pollo Duarte optó por el rigor formal.
El nuevo escenario extiende la incertidumbre. Aunque el acuerdo de fondo sigue vigente, los plazos dependen ahora de la presentación de los alegatos finales y de la posterior resolución judicial. La defensa estima que el proceso podría demorar entre 10 y 15 días más, período durante el cual Páez deberá continuar en Río de Janeiro bajo monitoreo electrónico.