Un informe analiza el impacto de nuevas normas sobre el gasto público y los factores que permitirían al Ejecutivo sostener el equilibrio fiscal comprometido.
El equilibrio fiscal se consolidó como el principal ancla del programa económico del Gobierno. Sin embargo, tres iniciativas legislativas podrían tensionar la meta oficial de alcanzar un superávit primario del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) este año.
Según un informe de la consultora PwC, la reciente reforma laboral implica, por sí sola, un costo fiscal de base equivalente al 0,15% del PBI, producto de la eliminación de impuestos internos y la menor recaudación asociada al Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Ese impacto podría ampliarse hasta el 0,18% si se aplican las alícuotas máximas previstas.
El análisis advierte también sobre el efecto de otras dos leyes sancionadas en 2025, actualmente en distintas etapas de implementación: la ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, y la ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. En el primer caso, el costo estimado asciende al 0,23% del PBI, aunque su aplicación plena permanece incierta. La ley de Emergencia en Discapacidad, por su parte, presenta un rango de impacto más amplio, de entre 0,25% y 0,48% del PBI.
«Sumando el costo directo de la reforma laboral y estas dos leyes, el impacto fiscal negativo acumulado podría alcanzar aproximadamente 0,75% del PBI en 2026», señala el informe.
Frente a este escenario, el estudio identifica una serie de factores compensatorios que, en conjunto, permitirían sostener —e incluso superar— la meta fiscal. El principal es la reducción del gasto en subsidios energéticos, que viene disminuyendo a razón de aproximadamente medio punto del PBI por año.
En segundo lugar, se destacan los ingresos extraordinarios derivados de privatizaciones y concesiones, que a lo largo del año podrían rondar el 0,25% del producto. El tercer factor es la reducción del gasto en salarios del sector público, aunque con un margen de ajuste más limitado para el futuro.
«En conjunto, estos tres factores generan un impacto fiscal positivo de hasta 0,85% del PBI, suficiente para compensar la mayor presión del gasto», concluye el informe.