El gobierno de Estados Unidos busca abrir más de 725 mil acres para proyectos de petróleo y gas cerca de parques nacionales, generando rechazo de ambientalistas y autoridades locales.
El gobierno federal de Estados Unidos reactivó un plan para habilitar tierras públicas en California para la explotación de petróleo y gas. La iniciativa, impulsada por la Oficina de Administración de Tierras (BLM), propone abrir áreas cercanas a parques nacionales y estatales como Pinnacles National Park y Mount Diablo State Park para actividades extractivas.
El proyecto incluye la apertura de más de 725 mil acres (unas 293 mil hectáreas) en la costa central del estado, a lo que se suman otras áreas en el sur de California. Muchas de estas superficies se ubican junto a áreas protegidas como el Sequoia National Park y el Carrizo Plain National Monument.
El caso de Pinnacles National Park, un área que alberga formaciones volcánicas y es clave para la liberación de cóndores de California en programas de conservación, es uno de los más destacados. Victoria Bogdan Tejeda, abogada del Center for Biological Diversity, advirtió sobre el riesgo que las actividades petroleras representan para estas aves, cuya especie muestra señales de recuperación.
Por su parte, Juan Pablo Galván Martínez, de la organización Save Mount Diablo, describió a Mount Diablo State Park como «un punto crítico de biodiversidad» con especies raras y endémicas, habitado por ciervos, linces, coyotes y pumas.
La propuesta retoma un proyecto impulsado durante la primera administración de Donald Trump. Un acuerdo legal de 2019 obligó al BLM a revisar sus evaluaciones ambientales. Sin embargo, el nuevo análisis presentado en enero de 2026 ha sido cuestionado por su similitud con el anterior y por no incluir, según críticos, alternativas viables como exige la ley.
El fiscal general de California, Rob Bonta, expresó en una carta que la expansión de la perforación afectaría a las comunidades por el aumento de la contaminación y no se alinearía con los objetivos climáticos del estado para 2030. En una audiencia pública virtual realizada en enero, no hubo intervenciones a favor del proyecto.
El avance del plan enfrenta obstáculos legales y regulatorios, ya que California ha establecido zonas de amortiguamiento entre pozos y áreas sensibles y ha prohibido nuevos permisos de fracking. Deborah Sivas, directora de una clínica de derecho ambiental en Stanford, planteó dudas sobre la aplicación de las regulaciones estatales en tierras federales y cuestionó la viabilidad económica de los proyectos, dado que el petróleo en la región es difícil de extraer.
El BLM prevé emitir una decisión final sobre el plan para la costa central durante el verano boreal de 2026.