A partir de 2027, todos los smartphones vendidos en la Unión Europea deberán contar con baterías que el usuario pueda reemplazar sin herramientas especializadas, en el marco de una estrategia para reducir residuos electrónicos y combatir la obsolescencia programada.
La Unión Europea continúa avanzando en su lucha contra la obsolescencia programada. Desde 2027, los smartphones comercializados en territorio europeo deberán incluir baterías que el propio usuario pueda cambiar sin necesidad de herramientas especializadas. Esta medida forma parte de un plan más amplio que busca alargar la vida útil de los dispositivos y reducir el impacto ambiental.
La obsolescencia programada es una práctica comercial que consiste en diseñar productos para que queden obsoletos tras un período determinado, forzando al consumidor a comprar uno nuevo. Bruselas busca frenar esta tendencia con normativas que exigen a los fabricantes garantizar la reparabilidad de sus productos.
Desde marzo de 2021, los consumidores europeos cuentan con el «derecho a reparar», que obliga a los fabricantes de neveras, lavadoras, secadoras, televisores y teléfonos móviles a asegurar que estos puedan repararse durante al menos diez años. Además, deben garantizar la disponibilidad de piezas de repuesto y proporcionar manuales de reparación.
En junio de 2023 se sumó la obligación de incluir una etiqueta energética en los dispositivos electrónicos, informando sobre su eficiencia, facilidad de reparación y resistencia. Ahora, la nueva regulación exige que los smartphones tengan baterías más duraderas y reemplazables por el usuario a partir de 2027.
Esto implica que los diseños unibody, que requieren herramientas especializadas para acceder a la batería, quedarán prohibidos en la UE. Fabricantes como Apple, Samsung y Xiaomi deberán rediseñar sus modelos para cumplir con la normativa.
Más allá del hardware, la normativa también incide en el software: las marcas deberán proporcionar actualizaciones durante un período mínimo y garantizar el acceso a piezas de repuesto originales por largos períodos. El objetivo es evitar que un dispositivo quede desfasado por falta de soporte técnico.
Aunque el marco legal ya está definido, los fabricantes dispondrán de un período de adaptación hasta 2027. Desde Bruselas defienden que priorizar la reparación contribuye a reducir costes, disminuir la generación de residuos y el consumo de materiales, en línea con los objetivos del Pacto Verde Europeo.