Una reciente modificación legal otorga a las provincias la facultad de decidir sobre la protección y explotación de áreas periglaciares, exceptuando solo aquellas con aporte hídrico comprobado.
El nuevo marco normativo sobre glaciares en Argentina ha generado un amplio debate al transferir a las provincias la responsabilidad de determinar qué zonas periglaciares serán protegidas y cuáles podrán ser explotadas. Según la norma, quedarán exceptuadas de protección únicamente aquellas áreas que puedan acreditar un “aporte hídrico relevante y comprobable”.
Esta disposición implica un cambio significativo en la gestión de los recursos hídricos y la actividad minera en regiones de alta montaña, ya que las provincias tendrán la última palabra sobre el uso de estos territorios. Organizaciones ambientales han expresado su preocupación por el posible impacto en ecosistemas frágiles, mientras que sectores productivos ven una oportunidad para el desarrollo económico.
El gobierno nacional, por su parte, ha señalado que la medida busca equilibrar la protección ambiental con las necesidades de desarrollo regional, dejando en manos de cada jurisdicción la evaluación caso por caso.