Organizaciones ambientales y de derechos humanos presentaron una acción de amparo colectivo ante la Justicia federal de La Pampa para frenar la modificación de la Ley de Glaciares, sancionada el 9 de abril. La medida cautelar busca suspender la reforma en todo el país hasta que se resuelva su constitucionalidad.
Organizaciones ambientales y de derechos humanos presentaron una acción de amparo colectivo ante la Justicia federal de La Pampa para frenar la reciente modificación de la Ley de Glaciares, sancionada por el Congreso el pasado 9 de abril. El planteo, impulsado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace, solicita además una medida cautelar que suspenda la aplicación de la reforma en todo el país hasta que se resuelva su constitucionalidad.
La norma original, la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares, había sido aprobada en 2010 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, estableciendo un marco de protección para estas reservas estratégicas de agua. La reciente modificación —que obtuvo mayoría en ambas cámaras, con más de 130 votos afirmativos en Diputados y más de 40 en el Senado— es cuestionada por las organizaciones por entender que debilita ese esquema de resguardo ambiental.
El amparo cuenta con el respaldo de más de 850 mil personas que adhirieron de manera individual, reclamando la inconstitucionalidad de los cambios y la continuidad de la ley vigente hasta tanto haya una definición judicial. Entre quienes acompañan la presentación se encuentra Marta Maffei, impulsora de la normativa original, junto a numerosas asambleas territoriales y colectivos ambientales de distintas provincias. También se sumaron entidades como Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Círculo de Políticas Ambientales.
Según los demandantes, el proceso legislativo que derivó en la reforma estuvo atravesado por irregularidades que limitaron la participación ciudadana. Señalan que, de más de 100 mil personas inscriptas para una audiencia pública convocada en Diputados, apenas una fracción mínima —inferior al 0,2%— pudo exponer de manera oral. Además, cuestionan cambios en las reglas de participación una vez iniciado el proceso, lo que, a su entender, vulnera los estándares de acceso a la información y participación previstos en el Acuerdo de Escazú.
En el escrito judicial se advierte que la modificación implica un retroceso en materia ambiental, en contraposición con los principios de la Ley General del Ambiente y la propia Constitución Nacional. También se objeta que la reforma habilita criterios discrecionales a nivel provincial para definir áreas protegidas, en detrimento de parámetros científicos unificados. La medida cautelar solicitada apunta a frenar cualquier acto administrativo derivado de la nueva normativa, incluyendo autorizaciones para actividades extractivas en zonas que coincidan con glaciares o áreas periglaciales identificadas en el Inventario Nacional de Glaciares y en estudios técnicos del IANIGLA.
Las organizaciones recuerdan además que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había ratificado en 2019 la validez constitucional de la ley original, estableciendo que el dominio de los recursos naturales por parte de las provincias no puede reducir los estándares mínimos de protección ambiental fijados a nivel nacional. Para los impulsores del amparo, la discusión abre una nueva etapa en la defensa de las reservas de agua dulce del país, en un contexto donde los glaciares cumplen un rol clave en el abastecimiento hídrico de millones de personas.
En ese marco, las organizaciones convocantes anunciaron una conferencia virtual abierta a la prensa y al público interesado para este martes 5 a las 12, donde brindarán detalles sobre la presentación judicial y responderán consultas.