El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. emitió una directiva que impide a fuerzas locales compartir información sobre operativos sin autorización federal, generando dudas sobre transparencia y aumentando la preocupación entre inmigrantes.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) distribuyó en Florida una directiva que impide a policías locales vinculadas al programa 287(g) divulgar información de operativos migratorios sin autorización federal. La medida abrió cuestionamientos sobre la transparencia pública y aumentó la preocupación de inmigrantes expuestos a detenciones.
El memorando, revelado por una investigación de The Florida Trib y Two Can Be True, fue enviado a cientos de agencias policiales de Florida y Texas que participan del programa 287(g), el sistema que permite a oficiales locales colaborar con funciones federales de monitoreo migratorio. La directiva indica que toda “información obtenida o desarrollada” mediante esos acuerdos queda “bajo control del ICE” y no puede divulgarse sin autorización federal.
El texto también ordena consultar de inmediato con oficinas federales ante solicitudes realizadas bajo leyes de acceso a la información pública, conferencias de prensa, publicaciones en redes sociales o requerimientos periodísticos relacionados con los operativos. Según la investigación, varias dependencias del sur del estado confirmaron haber recibido la circular, pero evitaron entregar copias del documento mientras aguardaban autorización del ICE.
La medida generó cuestionamientos porque Florida mantiene una tradición de acceso público a documentos gubernamentales. Especialistas consultados señalaron que las agencias federales no pueden reemplazar automáticamente las normas estatales sobre registros públicos. Adam Marshall, director de litigios nacionales del Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa, afirmó que las entidades estatales “no pueden eludir sus obligaciones” mediante políticas federales. El abogado sostuvo que una negativa basada únicamente en lineamientos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podría no ser válida legalmente, y advirtió que eventuales litigios podrían trasladar costos judiciales a gobiernos municipales y contribuyentes.
Por su parte, John Sandweg, exdirector interino del ICE entre 2013 y 2014, calificó el memorando como “inusual” y cuestionó tanto su alcance como su justificación: “No existen razones de seguridad policial ni de resguardo operativo que justifiquen la necesidad de mantener esos datos confidenciales”. Lauren Harper, integrante de la Freedom of the Press Foundation, sostuvo que la falta de transparencia responde a “una decisión política deliberada” y que “el hecho de que ICE esté imponiendo una orden de silencio a las fuerzas del orden locales es una bofetada para los contribuyentes y el público en general”.
La investigación incluyó el testimonio de Carla, una mujer sudamericana indocumentada que vive en el sur de Florida y sigue diariamente noticias relacionadas con controles migratorios y deportaciones. “Me hace sentir más invisible. Más vulnerable”, expresó en español. La mujer contó que algunos conocidos fueron deportados después de incidentes iniciados con revisiones de tránsito rutinarias, y señaló que la posibilidad de que esos procedimientos resulten cada vez más difíciles de supervisar incrementa su temor. Katie Blankenship, abogada de inmigración y cofundadora de la organización Sanctuary of the South, sostuvo que la limitación del acceso a información profundiza el miedo dentro de las comunidades afectadas.