El concurso de acreedores de Vicentín, el mayor de Argentina con una deuda de US$ 1.500 millones, suma un nuevo capítulo judicial tras la apelación de Molinos Agro y Louis Dreyfus.
El concurso de acreedores de Vicentín, que con una deuda de US$ 1.500 millones es el mayor que se recuerde en Argentina, vuelve a exponer una historia que está lejos de resolverse. La líder agroindustrial entró en default en febrero de 2020, y desde entonces el proceso judicial ha tenido múltiples idas y vueltas.
En diciembre pasado, el juez Fabián Lorenzini de Reconquista, Santa Fe, dispuso el traspaso de acciones de Vicentín a la firma Grassi, con 132 años en el corretaje de granos. Sin embargo, los grupos Molinos Agro y Louis Dreyfus apelaron la decisión ante una segunda instancia judicial.
Quienes siguen de cerca el caso advierten que en el traspaso hacia Grassi hubo varios hechos curiosos. Uno es que el juez le adjudicó la firma a quien menos ofreció en montos para cancelar las millonarias deudas, aunque Grassi llegó antes al juzgado con las conformidades de los acreedores. Otro dato es que las conformidades se repetían en ambos contrincantes.
Actualmente, la compañía opera bajo la batuta de Grassi, pero pocos creen que el capítulo esté cerrado. El proceso concursal incluyó un rechazo del juez a la homologación, una Cámara que revocó esa sentencia y un fallo del Superior Tribunal de Santa Fe que volvió a rechazar la homologación. Hubo incluso un recurso extraordinario ante la Corte que fue desistido.
Durante el trámite, la empresa propuso pagar solo el 18% a sus acreedores, con un monto fijo de US$ 30.000 que en algunos casos canceló el 100% de los créditos y en otros casi nada. Según el abogado Francisco Roggero, managing partner de ZBV Abogados, “lo que vemos es un proceso que debería haber demorado un año y medio y tomó cinco años”.
Para Roggero, “el caso Vicentín es una buena muestra de lo mal que funciona el sistema de concursos y quiebras en la Argentina”. Critica que la ley no prevé límite para la quita de deuda y que no hay sanción para los accionistas. “El accionista que choca su empresa no sufre absolutamente nada más que la pena de ver su negocio morir”, concluye.
La Cámara santafesina tiene ahora la palabra. Mientras tanto, Vicentín opera sus dos plantas industriales en Santa Fe, en Avellaneda y Ricardone, dedicadas a molienda de soja, y ha puesto en marcha desmotadoras de algodón y terminales portuarias sobre el Paraná.