Un accidente aéreo en Nicaragua en 2016 dio inicio a una investigación que culminó esta semana con allanamientos en Costa Rica, la detención de ocho personas y el decomiso de 21 vehículos de alta gama y propiedades por 7 millones de dólares.
La madrugada del 13 de enero de 2016, una avioneta blanca modelo Piper 3 con matrícula costarricense TI-ATR cruzó la frontera norte sin autorización y se estrelló en un cañaveral de Puerto Morazán, en el departamento de Chinandega, Nicaragua. Al llegar la policía nicaragüense, los pilotos ya no estaban. Dentro de la aeronave se encontraron tres maletas con 89 kilos de cocaína.
La aeronave había despegado del aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas, con un plan de vuelo hacia Punta Islita y Tamarindo, en Guanacaste. La última comunicación por radio indicó que saldrían, y luego el transmisor localizador de emergencias (ELT) se activó desde territorio nicaragüense, según declaró entonces el director de Aviación Civil de Costa Rica, Enio Cubillo.
En Nicaragua, la aeronave aterrizó cerca de la comunidad Cuatro Esquinas, municipio de Puerto Morazán, a 132 kilómetros al noroeste de Managua. Vecinos informaron que una camioneta recogió a los tripulantes poco después del accidente. Los pilotos, identificados como Campos y Arias, denunciaron posteriormente haber sido secuestrados en Guanacaste por personas con acento colombiano.
El periodista nicaragüense Roberto Orozco, quien investigó el caso para el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), afirmó que no hubo una investigación profunda y que no se aclaró cómo los pilotos regresaron a Costa Rica ni si el aterrizaje fue por fallas mecánicas o falta de combustible.
El accidente estaba vinculado a una red de tráfico internacional de estupefacientes monitoreada por las autoridades costarricenses desde 2015 bajo los nombres de Caso Torrero y Caso Manantiales. En el centro de esa red figuraba Francisco Javier Alfaro Flores, nicaragüense naturalizado costarricense, de 50 años.
Alfaro Flores fue investigado en ambos casos pero no fue procesado penalmente. La DEA retomó la investigación con nueva información, según consta en el expediente judicial. El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, indicó que la investigación actual se enfoca en la legitimación de capitales.
Según documentos judiciales, el 12 de enero de 2016, agentes de la DEA alertaron al OIJ que personas de distintas nacionalidades cargaron maletas sospechosas en una aeronave blanca en Corozalito y Punta Islita. Al día siguiente, esa misma avioneta fue hallada en Nicaragua. El OIJ atribuye a Alfaro Flores funciones logísticas en la red, incluyendo la activación de radiobases en Punta Islita durante la operación de la avioneta.
Alfaro Flores construyó una fachada de empresario exitoso. En julio de 2016, asumió la representación de Valu Shred Costa Rica VSCR S.A., una recicladora de chatarra electrónica en zona franca de Montecillos, Alajuela, que gozaba de beneficios fiscales desde 2012. El expediente judicial del Caso Lusso sostiene que la empresa sería utilizada para legitimar capitales del narcotráfico.
En julio de 2022, la Fiscalía de Legitimación de Capitales recibió información confidencial sobre que Alfaro Flores legitimaba ganancias del narcotráfico a través de negocios mampara. La red incluía a Cristian Lanuza Víquez, campeón nacional de fisicoculturismo en 2017 y propietario del gimnasio Lanuza Performance. Según las autoridades, Lanuza adquirió vehículos de alto valor y una propiedad por 107 millones de colones (unos 235.000 dólares) en 19 meses, con dinero del narcotráfico. El expediente registra la compra de un Ford F150 por 75.000 dólares el 14 de julio de 2023, una Toyota Fortuner el 13 de enero de 2025 y un Chevrolet Tahoe 2026 entre noviembre de 2025 y enero de 2026.
El 18 de mayo de 2026, la Oficina Especializada contra la Delincuencia Organizada del OIJ y la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales ejecutaron 17 allanamientos en Alajuela, Pérez Zeledón, Escazú y Heredia. Alfaro Flores fue detenido en una mansión valorada en tres millones de dólares en el condominio Cerro Real, Escazú, con cine privado, jacuzzi, piscina y gimnasio. Ocho personas fueron detenidas, entre ellas la pareja e hija de Alfaro Flores.
Las autoridades incautaron 21 vehículos de alta gama valorados en 2,7 millones de dólares, incluyendo marcas Porsche, Lamborghini, Aston Martin, Mercedes-Benz, Audi, BMW y Lexus. También decomisaron dinero en efectivo y un fusil AR-15. El total de dinero blanqueado estimado supera los 500 millones de colones (aproximadamente 1,1 millones de dólares) en activos rastreables al narcotráfico. Los investigadores vincularon al grupo con 29 propiedades con un valor conjunto de aproximadamente 7 millones de dólares.
El director interino del OIJ, Michael Soto, declaró que es prematuro afirmar si hubo vehículos declarados por precios inferiores, pero que es una línea de análisis.