Los gremios docentes universitarios, nucleados en CONADU, anunciaron un paro de actividades del 16 al 20 de junio en reclamo de la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno aún no implementa a la espera de un fallo judicial.
Los gremios docentes universitarios, agrupados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), anunciaron un paro de actividades que se desarrollará del 16 al 20 de junio. La medida se enmarca en el reclamo por el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario, que incluye partidas para salarios, becas, infraestructura y gastos de funcionamiento.
En paralelo, el 9 de junio se realizarán clases públicas en distintos puntos del país, incluyendo actividades frente a Tribunales en Buenos Aires, donde funciona la Corte Suprema de Justicia. También están previstas iniciativas en Rosario y en la ciudad de Buenos Aires los días 11 y 16 de junio, según informó el sindicato.
El comunicado de CONADU señala que “cuando haya una oferta formal esta será llevada a consulta para que decida el conjunto de la docencia de las universidades nacionales, por lo que el Plenario se declaró en estado de alerta y sesión permanente”. La referencia alude a una oferta presentada por la Secretaría de Educación al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Además, el gremio realizó una presentación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el Gobierno por “la falta de respuesta al reclamo de convocatoria a la negociación paritaria”.
Esta semana, Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, se reunió con las autoridades del CIN, Franco Bartolacci (rector de la UNR) y Anselmo Torres (UNRN). Allí se presentó una oferta salarial intermedia respecto de lo que establece la ley, que prevé una recuperación salarial del 45,6% en términos reales por la inflación desde diciembre de 2023. La propuesta del Gobierno contempla una recomposición del 21,33% para el salario de junio, más un 3% en octubre, junto con un aumento del 20% para gastos de funcionamiento y partidas extras para becas y hospitales universitarios.
En contrapartida, Casa Rosada solicitó a las universidades que retiren el litigio que se encuentra en la Corte Suprema, aspecto que las autoridades académicas rechazaron.
La Corte Suprema de Justicia rechazó el 4 de junio una presentación del Estado nacional en la causa impulsada por el CIN para exigir el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario. El máximo tribunal desestimó la queja del Poder Ejecutivo contra resoluciones previas que habían rechazado la recusación del juez de primera instancia Diego Martín Cormick y de un magistrado de la Cámara Contencioso Administrativa Federal. El Estado argumentó que ambos se desempeñan como docentes en universidades nacionales que forman parte del colectivo demandante.
En el fallo, los jueces sostuvieron que “no se ha acreditado (…) elemento alguno que configure una causal de excusación” y remarcaron que “la actividad docente en una universidad pública no implica necesariamente un interés personal, directo y relevante en el resultado del litigio”. Además, recordaron que los mecanismos de recusación y excusación son de carácter excepcional y deben interpretarse de manera restrictiva.