Un informe del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) divulgado en Costa Rica señala que al menos nueve personas murieron bajo custodia estatal en los últimos siete años en Nicaragua, y documenta la represión a las protestas de 2018.
La consolidación del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua ha dejado una secuela de muertes de opositores y críticos, según un análisis del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam).
El informe, divulgado el lunes en Costa Rica y retomado por la agencia EFE, señala que al menos nueve personas han perdido la vida bajo custodia estatal en los últimos siete años, la más reciente en mayo.
Las protestas ciudadanas que iniciaron el 18 de abril de 2018 marcaron un punto de inflexión. El detonante fue una reforma a la seguridad social, pero muy pronto la exigencia central pasó a ser la renuncia del presidente Ortega, quien permanece en el poder desde 2007.
La represión a estas manifestaciones, que el gobierno calificó como “intento de golpe de Estado”, resultó en una cifra de muertos que varía según la fuente: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos registró al menos 355 víctimas, mientras que organizaciones locales elevaron el número a 684. Ortega, por su parte, admitió “más de 300”.
Estrategias represivas y crueldad sistemática
El análisis del Cetcam destaca que la violencia estatal y la crueldad se han convertido en políticas permanentes del régimen. Los investigadores señalan que esta radicalización se evidenció en la respuesta a las protestas de 2018 y 2019. Entre las acciones documentadas se incluye el desalojo violento de recintos universitarios ocupados por estudiantes.
Desde entonces, las prácticas represivas han adquirido nuevas formas, como los asesinatos y atentados criminales contra personas exiliadas en países como Costa Rica. Casos como los de Rodolfo Rojas, Roberto Samcam y Joao Maldonado ilustran lo que el Cetcam describe como persecución transnacional.
El Cetcam sostiene que los atentados y asesinatos se caracterizan por la saña y la crueldad. Según el informe, organizaciones de derechos humanos han confirmado que las motivaciones detrás de estos hechos son políticas, más allá de quién los ejecuta materialmente.
Detenciones arbitrarias y torturas a opositores
Uno de los aspectos más alarmantes del informe es la referencia a la práctica sistemática de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles a prisioneros políticos desde 2018 hasta la actualidad. Además, se denuncia la negación de atención médica oportuna y adecuada para los llamados presos de conciencia.
El Cetcam también menciona las exposiciones públicas forzadas de detenidos, supuestamente para negar la desaparición forzada, y la persistencia de torturas y tratos inhumanos hacia los opositores encarcelados.
En palabras de los investigadores, “este recuento pone en evidencia que la dictadura realiza estas macabras prácticas como una decisión consciente y premeditada, sin que le importe la humanidad de los nicaragüenses en general, y de las personas prisioneras políticas en particular”.
Acusaciones de crímenes de lesa humanidad
De acuerdo con el análisis del Cetcam, las acciones descritas configuran lo que consideran crímenes de lesa humanidad. El centro de pensamiento, conformado por especialistas centroamericanos de varias disciplinas, afirma que la lógica del poder en Nicaragua está marcada por la necropolítica y la violencia sistematizada.
En resumen, la consolidación de Ortega y Murillo ha ido acompañada de una política de represión extrema, con consecuencias mortales y una grave afectación a los derechos humanos, según el informe presentado en Costa Rica.