El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que condiciona la entrega de boletas electorales por correo a que los estados proporcionen listas de votantes al gobierno federal. La medida enfrenta demandas judiciales.
El 31 de marzo de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que establece condiciones para que el Servicio Postal (USPS) entregue boletas electorales por correo. La norma exige que los estados entreguen listados de votantes al gobierno federal para que el Correo procese las papeletas.
Durante la firma en el Despacho Oval de la Casa Blanca, Trump declaró: “Se trata de la integridad del votante; queremos que haya votaciones honestas en nuestro país porque si no hay votaciones honestas, no se puede tener una nación”.
Hasta el momento, 23 estados gobernados por el Partido Demócrata y el Distrito de Columbia han presentado demandas contra la orden ejecutiva, junto con grupos de defensa del votante. Según informó CNN, si los tribunales no bloquean la norma, el USPS y el gobierno federal asumirían un rol sin precedentes en el proceso electoral.
La orden ejecutiva instruye al Departamento de Seguridad Interior (DHS) a utilizar bases de datos federales para elaborar una lista de ciudadanos adultos, que los estados puedan comparar con sus registros electorales. El USPS debe transmitir únicamente las papeletas de voto de los estados que hayan proporcionado al gobierno federal una lista de votantes elegibles para votar por correo 60 días antes de las elecciones, y que cumplan con requisitos de compatibilidad con el sistema de seguimiento automatizado del Correo.
CNN agregó que “esta orden ejecutiva es una de las varias medidas que Trump ha tomado para buscar el control federal sobre las elecciones y restringir el voto por correo, que él ha calificado repetidamente como una herramienta utilizada por sus oponentes para cometer fraude”.
En el Capitolio, la Ley SAVE, un proyecto respaldado por Trump que exige nuevas medidas de verificación de ciudadanía para registrarse para votar, no fue aprobada en el Senado.
Anton Hajjar, exdirectivo del USPS, declaró a CNN: “Si se paga el franqueo correcto en una carta, el USPS debería entregarla. La norma propuesta dice que no regula las elecciones, pero en la práctica, eso es lo que está haciendo”.
En un comunicado, la Casa Blanca afirmó que “toda la Administración continuará implementando legalmente la agenda para la que el presidente Trump fue elegido, la cual incluye la seguridad de las elecciones estadounidenses”. La portavoz Abigail Jackson sostuvo: “La Administración sigue confiando en que la orden ejecutiva se implementará antes de las elecciones de noviembre, que siempre fue la intención cuando se firmó”.
En junio, según Associated Press, un juez federal de Boston escuchó a grupos defensores del derecho al voto y a una coalición de dos docenas de estados que buscan frenar la orden ejecutiva.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representó a la Liga de Mujeres Votantes en otra demanda, calificó la orden como “un intento peligroso de privar del derecho al voto a electores habilitados en todo el país”. Sostuvo que la orden transforma “al Servicio Postal en un árbitro de quién puede emitir un voto por correo”.
Hasta el momento, solo el juez de distrito Carl Nichols, designado por Trump, coincidió con el argumento del gobierno de que era demasiado pronto para bloquear la orden porque aún no se ha implementado.