Sergio Enrique Lello Sánchez, ex procurador general de Jujuy, fue imputado formalmente por 20 hechos de peculado de servicio luego de renunciar a su cargo.
Tras renunciar a su cargo como procurador general de la provincia de Jujuy, Sergio Enrique Lello Sánchez fue formalmente imputado por peculado de servicio. La audiencia se realizó en los tribunales jujeños, donde la fiscal Daiana Alejandra Serrano Antar le leyó los cargos correspondientes al Legajo N° 15.345/2026, acusándolo de la presunta comisión de 20 hechos en concurso real.
Según la Fiscalía, el accionar ilícito habría ocurrido entre junio de 2021 y marzo de 2025, período en el que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) centralizó denuncias y causas de alta conflictividad social. Lello Sánchez habría utilizado personal y recursos materiales del organismo para beneficio propio y de su familia. Fuentes judiciales confirmaron que su esposa no sería imputada por el momento.
El expediente detalla entre 17 y 20 hechos de peculado de servicio. Los investigadores evalúan si los dispositivos incautados contienen pruebas de operaciones de mayor escala, como el presunto armado de causas y persecución ilegal en el marco del caso Pederiva-Atauche.
Lello Sánchez optó por defenderse personalmente y presentó la recusación de la fiscal Serrano Antar, lo que deja la continuidad de la causa sujeta a la decisión del juez de control. Permanece imputado en libertad bajo los términos del artículo 280 del Código Procesal Penal.
De acuerdo con el artículo 261 (segundo párrafo) del Código Penal, se prevén penas de 2 a 10 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para el funcionario público que emplee en provecho propio o de terceros servicios pagados por el Estado. Al aplicarse el artículo 55 de concurso real para hechos independientes, la suma de penas podría aumentar.
La causa penal se originó tras la crisis institucional del 2 de octubre del año pasado, cuando la Cámara de Diputados provincial dio curso a un pedido de juicio político impulsado por el diputado Facundo Figueroa Caballero contra Lello Sánchez y el procurador adjunto Ignacio Pasquini.
La denuncia surgió de ex fiscales desplazados por Lello Sánchez, luego de que se filtraran chats en los que la jueza Laura Lamas González, el sacerdote Luis Bruno y el obispo de Jujuy, César Fernández, acordaban ofrecer 10 mil dólares a una víctima para silenciarla. Lello Sánchez negó que la filtración hubiera sido propiciada por el MPA.
El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Alberto Bernis, remitió el pedido a la Comisión Investigadora, que dispuso la suspensión inmediata de ambos funcionarios. Luego de la renuncia de Lello Sánchez en agosto pasado, se allanó la sede central del MPA y se secuestraron computadoras, discos rígidos, servidores, teléfonos y legajos, que constituyen la base probatoria de la acusación.