La Cámara de Senadores debatirá este jueves una iniciativa que elimina los topes para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros privados, en medio de negociaciones sin texto definitivo y sin certeza de votos.
El proyecto de ley de «inviolabilidad de la propiedad privada» será tratado este jueves en el Senado. Según informaron fuentes parlamentarias, el texto definitivo aún no está cerrado y el oficialismo no tiene asegurados los votos necesarios para su aprobación.
La sesión comenzará a las 12 y se estima que durará aproximadamente siete horas. Además de esta iniciativa, el temario incluye 29 pliegos judiciales —entre ellos el del camarista Víctor Pesino, que debe renovar su cargo antes del 27 de julio— y 26 pliegos diplomáticos.
El proyecto fue redactado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y obtuvo dictamen de comisión el 20 de mayo. Desde entonces, sufrió modificaciones sucesivas sin volver a pasar por comisión. Uno de los capítulos más resistidos, el que modificaba el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), fue eliminado durante las negociaciones.
El capítulo de tierras rurales elimina los límites vigentes (15% por provincia y municipio, 1.000 hectáreas por individuo en zona núcleo) para la compra por parte de extranjeros privados. Solo se mantienen restricciones para Estados extranjeros y empresas con participación estatal foránea, que requerirán autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional, con «silencio administrativo positivo» si no hay respuesta en el plazo fijado. El mismo esquema regirá para tierras en zonas de frontera.
En materia de desalojos, la iniciativa habilita a cualquier persona que invoque un derecho o interés legítimo sobre un inmueble a solicitar la restitución inmediata sin esperar sentencia definitiva, si el juez considera verosímil el planteo. Los hogares con niños, personas con discapacidad o adultos mayores sin alternativa habitacional tendrán diez días para mudarse.
En cuanto al manejo del fuego, se elimina la prohibición de modificar el uso de tierras incendiadas durante 30 años. Respecto a las expropiaciones, se restringe el concepto de «utilidad pública», se obliga a indemnizar también el lucro cesante demostrado y se limitan las ocupaciones temporarias del Estado a un máximo de 90 días.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió el cambio en conferencia de prensa: «La norma de 2011 criminalizó de facto la compra de tierras por parte de extranjeros, contradiciendo el espíritu de nuestra Constitución».
Según el último relevamiento del Registro de Tierras Rurales (agosto de 2025), ninguna provincia supera el 15% de extranjerización. Sin embargo, más de treinta distritos ya exceden ese porcentaje, y al menos cinco superan la mitad de su territorio en manos extranjeras: San Carlos (59,82%) y Molinos (57,79%) en Salta, General Lamadrid en La Rioja (56,70%), Lacar en Neuquén (54,17%) y Campana en Buenos Aires (50,27%).
El Gobierno ya había intentado derogar la ley 26.737 mediante el DNU 70/23, pero una presentación judicial del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas lo frenó; el caso espera definición de la Corte Suprema.
La CGT y organizaciones eclesiásticas se sumaron al rechazo del proyecto. «Sin soberanía sobre nuestros recursos no hay independencia económica», planteó la CGT en un comunicado que menciona el caso del Lago Escondido y al empresario Peter Thiel. La Pastoral Social, Cáritas y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigena advirtieron que la iniciativa «debilita la potestad del Estado» para proteger «el interés comunitario».
En el Senado, el bloque Convicción Federal presentó un dictamen de minoría que mantiene los límites vigentes e incorpora la figura de «Zonas de Interés Estratégico». Su autora, la jujeña Carolina Moisés, afirmó: «No existe país en el mundo que flexibilice de esta manera la venta de tierras a extranjeros». Desde Unión por la Patria, el senador Eduardo «Wado» de Pedro declaró: «La única explicación para esto es algún negocio inconfesable de Milei con megamillonarios, fondos especulativos o potencias extranjeras».