La ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, se postuló como candidata para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el organismo de la ONU encargado de fijar estándares laborales globales. La elección está prevista para el 16 de noviembre de 2026.
La ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, se ha postulado como candidata oficial para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el organismo de las Naciones Unidas encargado de fijar los estándares laborales globales. La votación está prevista para el 16 de noviembre de 2026. De resultar electa, se convertiría en la primera mujer y la primera española al frente de una institución fundada en 1919 que agrupa a 187 Estados miembros. La organización atraviesa su peor crisis financiera en décadas, con una deuda de 257 millones de francos suizos (unos 315 millones de dólares) pendiente de cobro a Estados Unidos.
La OIT fue fundada en 1919, al término de la Primera Guerra Mundial, bajo la premisa de que la justicia social es condición indispensable para una paz duradera. En 1946 se convirtió en la primera agencia especializada de las Naciones Unidas y, en 1969, recibió el Premio Nobel de la Paz. Su sede se encuentra en Ginebra, Suiza, con oficinas en más de 40 países.
La OIT no tiene poder para sancionar directamente a los países, pero los convenios que aprueba se convierten en tratados internacionales que los Estados pueden ratificar. Una vez ratificados, obligan legalmente a los Estados a adaptar su legislación laboral. Cuando la OIT fija una norma sobre trabajo infantil, jornadas máximas o salario mínimo, esa norma puede transformar leyes nacionales en cualquier parte del mundo.
El Director General es la cara pública de esa agenda ante gobiernos, sindicatos y empresas. Tiene capacidad para negociar con jefes de Estado, convocar cumbres globales y marcar la dirección de las políticas laborales internacionales durante los cinco años de su mandato. El cargo está remunerado con un salario neto de alrededor de 155.000 dólares anuales, al que se suman seguro médico, pensión, vivienda oficial en Ginebra y gastos de representación.
El esquema de gobierno de la OIT
La OIT se distingue del resto del sistema multilateral por su estructura tripartita: es el único organismo de la ONU donde los gobiernos no son los únicos con voz y voto. Cada delegación nacional en la Conferencia Internacional del Trabajo, el máximo órgano de decisión, está compuesta por dos delegados gubernamentales, un delegado de empleadores y un delegado de trabajadores, cada uno con voto propio. Esta arquitectura busca garantizar que sindicatos y organizaciones empresariales tengan un peso similar que los Estados en la elaboración de normas laborales.
El organismo opera a través de tres cuerpos principales. La Conferencia Internacional del Trabajo se reúne cada año en Ginebra para establecer estándares laborales globales y definir las políticas generales. El Consejo de Administración, integrado por 56 miembros titulares (28 representantes de gobiernos, 14 de empleadores y 14 de trabajadores), funciona como el órgano ejecutivo y se reúne tres veces al año para fijar el programa y el presupuesto. La Oficina Internacional del Trabajo es la secretaría permanente del organismo, encabezada por un Director General elegido cada cinco años.
Qué puede hacer esta organización
El instrumento central de la OIT son sus convenios internacionales del trabajo, tratados legalmente vinculantes para los países que los ratifican. Hasta 2026, el organismo ha adoptado 193 convenios. Ocho de ellos son considerados fundamentales según la Declaración de 1998 sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo: protegen la libertad de asociación, el derecho a la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil y la no discriminación laboral. Además, la OIT emite recomendaciones, directrices no vinculantes que orientan las políticas nacionales.
Para que un convenio entre en vigor, debe ser ratificado por al menos dos Estados miembros. A partir de ese momento, los países quedan sujetos al sistema de supervisión del organismo. El mecanismo más severo es el Artículo 26, que permite presentar denuncias formales contra un Estado que incumpla un convenio ratificado.