La discusión por la reforma de la Ley de Tierras volvió a poner en el centro de la escena un caso que marcó un antes y un después en la regulación de la propiedad rural en Argentina. Se trata de la historia de Valle Hermoso, una pequeña localidad riojana que en 2008 quedó incluida en una operación de compraventa de 200.000 hectáreas adquiridas por un inversor estadounidense.
La discusión por la reforma de la Ley de Tierras volvió a poner en el centro de la escena un caso que marcó un antes y un después en la regulación de la propiedad rural en Argentina. Se trata de la historia de Valle Hermoso, una pequeña localidad riojana que en 2008 quedó incluida en una operación de compraventa de 200.000 hectáreas adquiridas por un inversor estadounidense. La transacción comprendía no solo campos y montañas, sino también un pueblo entero, con sus habitantes, una escuela, una capilla, un puesto sanitario y las fuentes de agua de la zona.
A casi dos décadas de aquel episodio, el antecedente volvió a cobrar relevancia en medio del tratamiento parlamentario del proyecto oficial que busca modificar la Ley 26.737, sancionada en 2011 para establecer límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Mientras el oficialismo sostiene que la normativa vigente desalienta inversiones, quienes rechazan la iniciativa advierten sobre sus consecuencias en materia de soberanía y control de recursos estratégicos.
Una batalla judicial que sentó precedente
El fiscal de Estado de La Rioja, Emilio Rodríguez, quien encabezó la representación judicial de los habitantes de Valle Hermoso, reivindicó el proceso que culminó con el reconocimiento de los derechos de la comunidad y advirtió sobre los riesgos de modificar la legislación actual. «Después de una década de batalla judicial, logramos que se reconozca la posesión de la gente que vive en Valle Hermoso, un pueblo que fue vilmente rematado», afirmó en diálogo con Total Normalidad, por Futurock.
Rodríguez recordó que la operación inmobiliaria significó, en los hechos, la privatización de toda la comunidad. «Todo el pueblo fue vendido como una mercancía cualquiera. Se las compraron a un grupo de abogados que habían obtenido el remate de esas tierras. Nosotros lo reclamamos porque fue una maniobra casi clandestina», sostuvo.
Según explicó el fiscal, el conflicto dejó en evidencia una diferencia jurídica fundamental entre la titularidad registral y la posesión efectiva de la tierra: «Las escrituras de estas hectáreas nunca tuvieron la posesión real; solo unos pocos en nuestro país tienen acceso a ella. El poseedor habita la tierra, la trabaja y se siente dueño, un derecho amparado por el Código Civil. Fue un caso tan paradigmático que se convirtió en el gran motor para la sanción de la Ley de Tierras».
El vacío legal y el freno a la venta
La controversia expuso un vacío normativo que hasta ese momento permitía la adquisición de grandes extensiones de territorio sin restricciones específicas, incluso cuando albergaban poblaciones consolidadas o recursos hídricos estratégicos.
A fines de 2011, la Ley de Tierras Rurales fijó un límite del 15% para la propiedad extranjera sobre tierras rurales, estableció restricciones sobre inmuebles que contengan cuerpos de agua y fijó topes máximos de superficie por titular.
Para Rodríguez, la resolución judicial en La Rioja fue tan determinante como el cambio legislativo: «La ley fue clave, pero también lo fue la lucha judicial. Esa gente nunca tuvo una escritura y hoy tiene su posesión reivindicada».
Asimismo, el fiscal reveló que el comprador extranjero nunca avanzó formalmente con acciones para reclamar el predio: «Quien adquirió la tierra jamás se presentó a reclamarla. Se decía que iba a litigar en tribunales de Estados Unidos, pero nunca ocurrió». En ese sentido, recordó que durante la operación se detectaron graves incumplimientos administrativos: «Se omitió presentar un proyecto de desarrollo frente al ministerio, un requisito esencial. En ese momento instamos una resolución para suspender la compra de inmediato».
Reformar la ley de tierras rurales es entregar la soberanía territorial
Con el debate parlamentario nuevamente abierto ante proyectos que buscan derogar o flexibilizar los límites a la propiedad extranjera, el fiscal cuestionó la postura del Ejecutivo nacional.
«Nosotros, desde la experiencia concreta de haber defendido un pueblo que fue vendido a un extranjero, debemos defender los límites a la propiedad», remarcó. Y concluyó con una advertencia sobre el alcance de las modificaciones en danza: «Este proyecto pone en serio riesgo la soberanía y la seguridad de la Nación. La ley vigente tuvo en cuenta esos puntos esenciales: no le prohíbe nada al extranjero, simplemente impone límites razonables».