En una reunión de la comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, intendentes, legisladores opositores y funcionarios provinciales advirtieron sobre el deterioro de las rutas nacionales y la ejecución de fondos del Impuesto a los Combustibles Líquidos.
Buenos Aires, 18 agosto (NA) — En un encuentro de la comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, intendentes, legisladores opositores, funcionarios provinciales y referentes del sector plantearon su preocupación por el estado de la red vial federal y por el destino de los fondos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). La reunión contó con la ausencia de representantes de La Libertad Avanza.
La diputada nacional Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) informó sobre la presentación de un amparo colectivo ante la Justicia Federal de La Plata para requerir precisiones al ministro de Economía, Luis Caputo, al titular del Banco Nación, Darío Wasserman, y a las autoridades de Vialidad Nacional sobre partidas no ejecutadas. Según la legisladora, los fondos retenidos rondan el billón de pesos, monto que permitiría recuperar entre 20.000 y 25.000 kilómetros de calzada.
Patricia Mazzitelli, representante de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), describió el escenario actual como el «vaciamiento más grave registrado en años». Señaló que, tomando las partidas asignadas desde 2017, los recursos para rutas cayeron un 85% en términos reales para este año. También mencionó un ajuste presupuestario en mayo que redujo los fondos de Vialidad de 396.000 millones a 296.000 millones de pesos, afectando programas como Rutas Seguras y Puentes y Alcantarillas, y las 3.300 desvinculaciones de profesionales y técnicos en el organismo.
En relación con el ICL, Mazzitelli precisó que de los 1.601.364 millones de pesos recaudados solo ingresaron 530.156 millones, quedando un remanente sin ejecutar de 1.071.208 millones. Sobre un total de 3,84 billones de pesos recaudados por el tributo, la ejecución real fue del 2,59%. Estimó que, de haber invertido el total, se podrían haber construido o mejorado más de 2.000 kilómetros. Además, vinculó la falta de mantenimiento con la siniestralidad, señalando que el 65% de los accidentes fatales ocurren en tramos con severos desperfectos.
Silvia González, representante de la organización Estrellas Amarillas, alertó sobre el número de fallecidos en siniestros viales y criticó el corte de asistencia por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para la logística y traslado de víctimas. Denunció un «apagón estadístico» por la falta de publicaciones e informes oficiales desde 2022 y citó el estado de la Ruta 152.
El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, sostuvo que la actual gestión no inauguraría obras viales y acusó al Gobierno de «financiar la timba pública» con los recursos del ICL. Remarcó que el gravamen a los combustibles aumentó un 1200%, mientras que los combustibles subieron un 500% y la inflación acumulada fue del 300%. Añadió que la ciudadanía afronta un doble cobro entre el impuesto y las tarifas de peaje sin recibir la contraprestación correspondiente, y anticipó exigencias de explicaciones en la vía parlamentaria y judicial. Advirtió que el colapso vial pone en riesgo sectores estratégicos como el desarrollo productivo en Vaca Muerta y las obras de infraestructura hidráulica contra inundaciones.
También expusieron Daniela Salzotto (intendenta de Catriel, Río Negro), Emiliana McNamara (Sevina), Fabián Catanzaro (Fepevina), la senadora santafesina Leticia Di Gregorio, la diputada bonaerense Ayelén Rasquetti, la concejal Eugenia Meza (Villa La Angostura) y José Matilla (CONADUV). Sumaron su testimonio los intendentes Daniel Stadnik (Carlos Casares), Pablo Garate (Tres Arroyos), Oscar Gatica Avecilla (Algarrobo del Águila), Waldemar Giordano (Colón), Lucas Fanelli (Chabás), Jorge Salomón (Gral. Ocampo), Marcelo Limarieri (Gualjaina), Héctor Ingram (Trevelin) y Mario Rebolledo (Puelén).