A poco más de un año de las elecciones presidenciales, la gestión del presidente Javier Milei registra caídas en la imagen pública y en la intención de voto, junto a un contexto de debilidad parlamentaria y conflictos internos.
A poco más de un año para las próximas elecciones presidenciales, la gestión del presidente Javier Milei atraviesa un período de baja imagen pública y reducción de la intención de voto favorable, según diversas mediciones. El mandatario mantiene un perfil de aislamiento relativo, interrumpido por entrevistas extensas en medios afines.
El desgaste en la valoración pública responde a una combinación de factores atribuibles al presidente y a su equipo cercano.
Factores atribuibles al presidente
En el plano económico, el Gobierno logró reducir la inflación mensual respecto de los picos iniciales y equilibrar las cuentas públicas. Sin embargo, la desaceleración del consumo, la caída del poder adquisitivo de los salarios y el aumento del endeudamiento de los hogares generaron una brecha entre los indicadores macroeconómicos y la situación del bolsillo de la población.
El estilo discursivo del presidente, caracterizado por la confrontación directa con gobernadores, legisladores, universidades, medios de comunicación y gremios, fortaleció a su núcleo de apoyo inicial, pero generó fricciones con sectores moderados que resultaron clave en el balotaje.
La gestión se desarrolla con un perfil de escasa empatía hacia los sectores afectados por el ajuste económico, según analistas, y con una política de alianzas limitada. La estrategia de “ir por todo” proyecta una imagen de inestabilidad y dificulta la gestión política.
También se registraron errores de cálculo en la implementación de reformas, como en los casos vinculados al Hospital Garrahan, a las políticas para discapacitados y al endeudamiento de hogares, donde el impacto en las cuentas públicas fue menor al conflicto generado.
Factores atribuibles al equipo y entorno cercano
La Libertad Avanza (LLA) cuenta con una minoría relativa en la Cámara de Diputados y en el Senado. La dificultad para articular alianzas parlamentarias estables derivó en derrotas legislativas frecuentes y en una alta dependencia del veto presidencial o de decretos de necesidad y urgencia.
En el entorno cercano se registraron disputas públicas, distancias con la vicepresidenta, salidas aceleradas de funcionarios, denuncias de corrupción y un centralismo en la toma de decisiones por parte del denominado “triángulo de hierro”.
Además, fallas en la implementación de políticas públicas y denuncias por irregularidades administrativas en distintas dependencias del Estado afectaron el discurso anticorrupción y “anti-casta” del Gobierno.
Escenario actual
En el Congreso, distintos bloques opositores lograron articular mayorías circunstanciales para frenar iniciativas del Ejecutivo, impulsar comisiones investigadoras y aprobar proyectos con alto impacto presupuestario.
Los gobernadores provinciales, ante los recortes de transferencias no automáticas y la suspensión de obra pública, endurecieron sus reclamos en la Justicia y en el Congreso, condicionando el apoyo a proyectos clave del Gobierno nacional.
Gremios, universidades públicas, movimientos sociales y agrupaciones de jubilados mantuvieron alta visibilidad en la calle, articulando demandas sociales con propuestas políticas opositoras.
En los medios comenzaron a aparecer nombres de posibles candidatos alternativos que, sin recurrir al populismo, podrían canalizar los objetivos que la actual gestión no logra concretar.
Pese al deterioro en los índices de aprobación respecto del inicio del mandato, el escenario hacia el ciclo electoral mantiene interrogantes: la oposición fragmentada enfrenta sus propios problemas de imagen pública, por lo que el desenlace dependerá de la capacidad del Gobierno para transmitir un mensaje esperanzador.