El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una orden ejecutiva para que agencias estatales investiguen supuestos casos de «turismo de nacimiento». La medida no afecta la ciudadanía por nacimiento, según el fallo de la Corte Suprema de junio de 2026.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una orden ejecutiva que instruye a distintas agencias estatales a investigar supuestos casos de «turismo de nacimiento», práctica consistente en viajar a Estados Unidos para dar a luz y obtener la ciudadanía estadounidense para el recién nacido.
«Texas no tolerará la explotación de nuestras leyes migratorias por parte de personas que viajan a Estados Unidos de manera ilegal o bajo falsas pretensiones para dar a luz y asegurar la ciudadanía de sus hijos», declaró Abbott en un comunicado citado por CBS News.
La orden establece que cualquier proveedor de salud con licencia que participe en este tipo de actividades podrá enfrentar medidas disciplinarias. Entre las sanciones previstas se encuentran la suspensión o revocación de licencias profesionales, la exclusión de contratos estatales, la pérdida de beneficios otorgados por el estado y otras acciones permitidas por la legislación texana.
La medida responde al caso del Mission Regional Medical Center, ubicado en el Valle del Río Grande, que según Abbott promocionaba servicios dirigidos a viajeros extranjeros interesados en dar a luz en Texas. El hospital negó las acusaciones y afirmó que había abandonado esa publicidad. El gobierno detectó otros casos, como el Knapp Medical Center, de Weslaco, y el De’Ai Postpartum Care Center, de Houston.
Las investigaciones ocurren en un contexto de debate sobre la ciudadanía por nacimiento, pero no la afectan. La Corte Suprema dictaminó a fines de junio de 2026 que los bebés nacidos en Estados Unidos tienen derecho constitucional a la ciudadanía, rechazando el intento del presidente Donald Trump de poner fin a esta política vigente desde hace 150 años.
En una decisión de seis votos contra tres, el presidente de la Corte, John Roberts, sostuvo que los niños nacidos en Estados Unidos «de padres que se encuentran ilegal o temporalmente en el país» son «ciudadanos por nacimiento» según la 14ª Enmienda. Trump había intentado limitar ese derecho mediante una orden ejecutiva, argumentando que los hijos de inmigrantes indocumentados y algunos visitantes temporales no estaban «sujetos a su jurisdicción».
El American Immigration Council (AIC) recuerda que la Decimocuarta Enmienda fue incorporada en 1868 tras la Guerra Civil. Su texto establece: «Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen». El AIC explica que esta garantía fue redactada para asegurar la igualdad ante la ley, independientemente de la raza, la ascendencia o la filiación, y que sirvió para revocar la decisión del Tribunal Supremo de 1857 en el caso Dred Scott.