Una coalición de 23 estados y el Distrito de Columbia presentó una demanda contra la administración Trump para frenar la orden ejecutiva que modifica los procedimientos del voto por correo. El litigio, encabezado por fiscales generales demócratas, se centra en la validez de nuevas normativas que afectan el envío de papeletas a través del Servicio Postal.
Una coalición de 23 estados y el Distrito de Columbia presentó una demanda contra la administración del presidente Donald Trump para frenar la orden ejecutiva que impone restricciones al voto por correo. La acción legal, liderada por fiscales generales del Partido Demócrata, fue radicada el miércoles 26 de agosto de 2026, según informó Associated Press.
Contenido de la norma
La administración Trump publicó el viernes pasado un reglamento que modifica los procesos de distribución de papeletas a través del Servicio Postal de Estados Unidos. La norma exige que los estados obtengan la aprobación federal para el diseño de los sobres de votación y obliga a las autoridades locales a entregar al Servicio Postal un listado detallado de los ciudadanos elegibles para recibir el material.
Los estados demandantes sostienen que estas exigencias resultan imposibles de cumplir en el plazo actual, dado que las primeras papeletas deben enviarse la próxima semana. Los funcionarios electorales argumentan que la imposición de estos requisitos de último minuto obstaculiza el ejercicio del voto y excede las competencias atribuidas al organismo postal.
Estados demandantes
La demanda fue presentada por los fiscales generales de los siguientes estados:
- Arizona
- California
- Carolina del Norte
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Hawai
- Illinois
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Míchigan
- Minnesota
- Nevada
- Nueva Jersey
- Nuevo México
- Nueva York
- Oregón
- Rhode Island
- Vermont
- Virginia
- Washington
- Wisconsin
También participan el Distrito de Columbia y Pensilvania.
Actores clave
La coalición demandante está encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, junto a otros 24 fiscales generales demócratas. James declaró a Associated Press que el Servicio Postal carece de autoridad para decidir quién puede votar por correo. Grupos civiles, entre ellos la Liga de Mujeres Votantes, también participan en las acciones legales.
El gobierno federal defiende la medida como un mecanismo de seguridad. La Casa Blanca describió el plan como “medidas de sentido común que protegen la seguridad de las papeletas”. El Servicio Postal de Estados Unidos declinó emitir comentarios sobre el litigio al encontrarse el caso bajo revisión judicial.
Antecedentes judiciales
La demanda fue presentada tras un fallo de la Corte Suprema que rechazó una impugnación previa por considerarla prematura. El alto tribunal no se pronunció sobre la legalidad de la orden ejecutiva. Existen procesos paralelos en Washington y Boston. En esta última ciudad, la jueza federal Indira Talwani dictó una orden que prohíbe al Servicio Postal aplicar las restricciones. La administración Trump intenta revertir esta decisión, argumentando que el reciente fallo de la Corte Suprema debe invalidar las restricciones judiciales previas.
Contexto político
El presidente Trump ha manifestado una postura crítica contra el voto por correo desde 2020. El mandatario vincula este sistema con su derrota electoral en aquel entonces, aunque carece de pruebas para sustentar tales afirmaciones. Organizaciones de derechos civiles señalan que estas restricciones afectan desproporcionadamente a los votantes demócratas, quienes utilizan esta modalidad con mayor frecuencia.
El esfuerzo por aumentar el control republicano sobre las normas electorales ha sido una constante desde el regreso de Trump al poder. El presidente ha expresado su intención de que los republicanos “tomen el control” del recuento de votos en zonas de tendencia demócrata. Esta estrategia incluye la exigencia de documentos de ciudadanía para sufragar y otros proyectos legislativos que permanecen estancados en el Senado.
Próximos pasos
Los tribunales federales deben resolver ahora la validez de la nueva demanda y determinar si se mantienen las medidas cautelares que bloquean la norma. Una sentencia definitiva podría ocurrir en los días previos al envío masivo de las papeletas. Expertos legales consultados por Associated Press indican que la incertidumbre persistirá hasta que exista un fallo firme sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva.
Recursos para los ciudadanos
Los votantes interesados en verificar el estado de las normas electorales en sus respectivas jurisdicciones pueden consultar los portales oficiales de las secretarías de Estado. Asimismo, el Servicio Postal de Estados Unidos cuenta con plataformas digitales para el seguimiento de la correspondencia oficial. Ante cualquier irregularidad o impedimento para sufragar, los ciudadanos deben acudir a las oficinas electorales locales para reportar el caso y recibir orientación sobre los procedimientos habilitados.