El Ministerio de Justicia elabora una iniciativa para modificar la estructura de los tribunales federales de Comodoro Py, con foco en la reducción de la Cámara de Casación Penal y los juzgados de instrucción.
El Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Juan Bautista Mahiques, trabaja en un proyecto de ley para modificar y reducir los tribunales federales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa contempla cambios en la estructura de la Cámara Federal de Casación Penal y en los juzgados federales de instrucción, entre otros puntos.
Según fuentes oficiales, el proyecto busca reducir la Cámara de Casación Penal, que actualmente está integrada por trece jueces distribuidos en cuatro salas más la presidencia. Hoy existen tres cargos vacantes. La propuesta es que el máximo tribunal penal pase a tener nueve miembros, lo que implicaría no completar el concurso público 475, que se encuentra en curso.
En cuanto a los juzgados federales de instrucción, actualmente hay doce despachos en los pisos tercero y cuarto de los tribunales de Comodoro Py. Cuatro de esos cargos están vacantes, algunos desde hace más de cinco años. La idea es reducir la cantidad de juzgados a diez u ocho, según indicaron fuentes judiciales.
La implementación del sistema acusatorio, que comenzará en Comodoro Py en abril de 2027, implicará que los fiscales asuman la investigación de los casos desde el inicio. En ese marco, los jueces de instrucción pasarán a cumplir funciones de garantía, juicio y revisión. Una fuente oficial señaló que «no pierden poder, cumplirán funciones más amplias, serán garantes del proceso».
El proyecto también contempla la reasignación de personal, que será gestionada por el Consejo de la Magistratura. Además, se prevé una equiparación salarial entre los jueces de instrucción y los integrantes de los Tribunales Orales Federales, que actualmente tienen rango de camaristas.
La iniciativa requiere modificar varias leyes vigentes, como la que creó la Cámara de Casación y la que estableció la cantidad de juzgados de instrucción. Fuentes oficiales indicaron que se buscará avanzar mediante una ley y no por decreto, para evitar posibles judicializaciones.
El principal desafío será conseguir los votos necesarios en el Congreso de la Nación.