La comisión bicameral de Supervisión Parlamentaria de la Oficina del Presupuesto del Congreso se reunió este lunes en el despacho del senador Agustín Monteverde (LLA). La oposición cuestionó la falta de transmisión y anunció una presentación judicial.
La comisión bicameral de Supervisión Parlamentaria de la Oficina del Presupuesto del Congreso de la Nación (OPC) se reunió este lunes en el despacho del senador de La Libertad Avanza (LLA) Agustín Monteverde, quien preside el cuerpo. La reunión finalizó la auditoría interna del organismo técnico en el marco de una reorganización que generó cuestionamientos por parte de la oposición.
Durante el encuentro, estuvieron presentes el vicepresidente de la comisión, Alberto “Bertie” Benegas Lynch (LLA), y la diputada Daiana Fernández Molero (PRO). En calidad de veedor participó el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). Los representantes de Unión por la Patria, el senador Fernando Salino y el diputado Carlos Castagneto, no asistieron.
El diputado Ferraro solicitó explicaciones a Monteverde y Benegas Lynch sobre los motivos por los cuales la reunión no fue transmitida y se realizó en un lugar poco habitual del Congreso. Sostuvo que “la única comisión que tiene carácter reservado es la Bicameral de Inteligencia” y que impedir la transmisión contradice el espíritu de la OPC.
El diputado Itai Hagman (Unión por la Patria) anunció que presentarán una acción judicial para frenar lo que consideró una intervención del organismo. Desde el oficialismo, en tanto, señalaron que las reuniones de la bicameral de la OPC históricamente fueron cerradas y que la labor del organismo está documentada en informes técnicos.
La renuncia del director general de la OPC, Gabriel Esterelles, presentada este lunes, se produjo a semanas del envío del proyecto de Presupuesto 2027. Esterelles argumentó motivos personales. En su lugar, la comisión designó como directora interina a María Eugenia David Du Mutel de Pierrepont, hasta que se convoque a un concurso público.
En junio pasado, la mayoría oficialista (LLA, PRO y UCR) restringió la elaboración de informes extraordinarios por parte de las áreas técnicas sin autorización previa. Esa decisión se tomó luego de que la OPC difundiera estimaciones de costo fiscal diferentes a las del Poder Ejecutivo sobre leyes de emergencia en discapacidad, jubilaciones y financiamiento universitario. También se retiró el Servicio Administrativo Financiero (SAF) y se congelaron contrataciones de personal especializado.
La OPC es el organismo encargado de evaluar el impacto fiscal de los proyectos de ley en el Congreso y está integrado por técnicos apartidarios.