El sorteo se realizó el 27 de agosto en el Palacio de Justicia I y los seleccionados ya pueden consultar si integran la nómina en el sitio oficial.
El Poder Judicial de Córdoba informó que 9871 personas fueron sorteadas para desempeñarse como integrantes de jurados populares durante el año 2027. El acto se desarrolló el jueves 27 de agosto en el Palacio de Justicia I y fue presidido por la jueza electoral Marta Vidal.
La ciudadanía ya puede consultar en la página web de la Oficina de Jurados Populares si integra el listado que regirá para los juicios del año 2027. El sorteo se realizó en base al padrón electoral vigente. En esta ocasión, se depuraron del padrón electoral los empleados públicos provinciales, los abogados y los escribanos, puesto que, según la Ley 9182, estas personas no pueden integrar un jurado popular.
Cómo consultar si fuiste sorteado
Para consultar la nómina, se puede ingresar en el enlace https://bit.ly/JuradosPopulares y colocar el número de documento. Asimismo, en los próximos días, todas las personas sorteadas recibirán una notificación a través de la plataforma Ciudadano Digital (CIDI).
Quienes figuren en ese listado deberán completar un formulario digital al que se accede desde el mismo sitio oficial; ingresando al Portal para la Ciudadanía del Poder Judicial (https://www.justiciacordoba.gob.ar/portalciudadania), con su clave de CIDI; o bien, desde el enlace contenido en el texto de la notificación enviada a esta plataforma.
Más información
La Oficina de Jurados Populares analizará las respuestas y, tras un proceso de depuración, conformará el padrón definitivo con quienes cumplan con los requisitos que establece la Ley 9.182. Para obtener mayor información, comunicarse con la Oficina de Jurados Populares al teléfono (0351) 4266852, entre las 8 y las 14 horas, o bien, al correo electrónico [email protected].
Cabe recordar que, conforme lo establece la normativa vigente, los jurados populares integran las Cámaras del Crimen, en mayoría -ocho ciudadanos y tres magistrados-, cuando se enjuicia a personas acusadas de crímenes aberrantes, delitos económicos y hechos de corrupción. Esta función constituye una carga pública de cumplimiento obligatorio. Las personas que cumplen efectivamente esta tarea reciben una retribución diaria por parte del Estado provincial.