La presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU cuestiona la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal y la actuación del fiscal Fernando Arrigo en la causa contra el ciudadano ruso Konstantin Rudnev.
Dos organizaciones no gubernamentales con estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) presentaron una declaración escrita ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en relación con la causa del ciudadano ruso Konstantin Rudnev, detenido en Bariloche.
La presentación fue realizada por Citoyens en action pour la démocratie et le développement (CADD) y Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience (CAP LC). El documento fue elevado para la sexagésima tercera sesión del Consejo, que se celebrará en Ginebra entre el 7 de septiembre y el 9 de octubre de 2026.
En la declaración se recuerda que Rudnev se encuentra bajo arresto domiciliario en Argentina y que continúa en recuperación tras una cirugía y una hospitalización. Según el texto, las indicaciones médicas exigen reposo estricto y asistencia continua, y se advierte que un eventual regreso a prisión podría exponerlo a riesgos.
El documento critica una decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que aceptó examinar una queja presentada por la fiscalía contra la resolución que sustituyó la prisión preventiva por arresto domiciliario. Para las ONG, esa intervención resulta incompatible con el Código Procesal Penal Federal (CPPF), que asigna las decisiones sobre medidas de coerción a jueces con funciones de revisión y excluye esas cuestiones de la jurisdicción del Tribunal de Casación.
La declaración también se refiere a la actuación del fiscal Fernando Arrigo. Según las organizaciones, investigadores internacionales analizaron su desempeño en la causa y concluyeron que bordea una obsesión hacia el imputado y el grupo que presuntamente lidera. Además, sostienen que Arrigo habría asumido un rol que excede sus funciones, indicando a los jueces cómo interpretar el Código Penal.
El texto invoca el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en particular los artículos 14.2 y 14.5, y sostiene que la revisión de casación excede los límites fijados por el derecho interno.
En sus párrafos finales, la declaración invita al Gobierno argentino y a las autoridades judiciales competentes a garantizar la aplicación del CPPF según sus términos y a respetar los límites jurisdiccionales. También solicita que cualquier decisión sobre la situación de Rudnev considere su estado de salud.
El Consejo de Derechos Humanos incorporará la declaración a la documentación de la sesión de septiembre-octubre. La defensa de Rudnev evalúa además una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal.