Un grupo de familias se manifestó el 2 de septiembre frente al Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV) en Santa Rosa para reclamar por la demora en la adjudicación de viviendas. El organismo reconoció que hay más de 2.500 hogares inscriptos y habilitados para participar en sorteos.
Santa Rosa, La Pampa – El 2 de septiembre, un grupo de familias se manifestó frente a la sede central del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV) en Santa Rosa para reclamar por la demora en la asignación de viviendas. La protesta fue informada por la Agencia Noticias Argentinas.
Según el informe, el grupo estaba integrado mayoritariamente por mujeres con hijos, personas con discapacidad y familias con hasta dos décadas de inscripción en el registro. Durante la manifestación, algunas representantes ingresaron al edificio para dialogar con las autoridades, mientras el resto permaneció en la vereda.
Una de las manifestantes declaró que lleva más de veinte años inscripta y relató que su marido necesita oxígeno, no puede trabajar y que uno de sus hijos tiene una discapacidad. También afirmó haber presentado documentación médica en reiteradas oportunidades.
El reclamo central consistió en que las condiciones sociales y sanitarias de los inscriptos sean evaluadas de manera particular, con intervención de trabajadores sociales, y no solo mediante el sorteo público.
La presidenta del IPAV, Érica Riboyra, confirmó que en Santa Rosa hay más de 2.500 familias inscriptas y habilitadas para participar en los sorteos. Sostuvo que el sorteo público es el único mecanismo de adjudicación y rechazó que la entrega dependa de la intensidad del reclamo o la visibilidad de los solicitantes.
Riboyra atribuyó parte de la situación a la paralización de programas y obras nacionales dispuesta por la administración de Javier Milei. Aseguró que la provincia continúa construyendo con recursos propios y que ofrece las respuestas posibles dentro de esa restricción.
En marzo de 2025, el Ejecutivo pampeano destinó $28.000 millones a una operatoria para financiar viviendas de 700 familias con lote propio. Esa herramienta estaba dirigida a hogares que ya disponían de terreno y no incluía a quienes dependen de una unidad social adjudicada por el IPAV.