La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) señaló que el vencimiento del Decreto 514/2021 afecta la formalización de unos 120.000 trabajadores rurales y solicitó formalmente al Ministerio de Capital Humano su prórroga.
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) advirtió que el vencimiento del Decreto 514/2021, ocurrido el 1 de septiembre, pone en riesgo 120.000 puestos de trabajo en el sector rural. La norma permitía compatibilizar el trabajo rural registrado con la percepción de asignaciones sociales, como la Asignación Universal por Hijo, el Potenciar Trabajo y otros programas sociales o de empleabilidad dispuestos por provincias y municipios.
Según informó el sindicato, su secretario general, José Voytenco, emitió un reclamo formal a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, solicitando la prórroga del decreto. Hasta el momento, no se registró respuesta oficial del Gobierno nacional.
El Decreto 514/2021, sancionado en 2021, establecía un régimen de compatibilidad entre el empleo rural registrado, de carácter temporario o permanente discontinuo, y las asignaciones sociales. La medida buscaba mantener en el ámbito formal a trabajadores rurales estacionales, relevantes en economías regionales que requieren mano de obra intensiva, como la fruticultura, la vitivinicultura, la zafra azucarera y la cosecha de tabaco. Según estimaciones del sector, esta modalidad representa cerca del 70% del empleo rural.
En un comunicado, la UATRE sostuvo que “la experiencia de los últimos años demostró que este mecanismo es fundamental: permite que el trabajador rural acceda a un empleo registrado durante las campañas agrícolas sin perder automáticamente la red de contención de la que depende su grupo familiar”. Además, señaló que “su discontinuidad genera el efecto contrario al que se busca: desalienta la formalización, dificulta la cobertura de trabajo local y afecta directamente a las economías regionales”.
El gremio también afirmó que “la negligencia del Estado al no considerar el impacto de esta decisión sobre toda la cadena productiva” afecta a trabajadores, empleadores y producción general. En el comunicado, indicó que “las políticas sociales no deben convertirse en una barrera para el acceso al trabajo registrado, sino en una herramienta que acompañe la transición hacia el empleo formal y brinde previsibilidad a trabajadores, productores y comunidades”.
Finalmente, la organización planteó que “la promoción del trabajo registrado y la protección social de los trabajadores rurales contribuyen al fortalecimiento de las economías regionales, al desarrollo de sus capacidades productivas y exportadoras, y a la sostenibilidad de las próximas campañas agrícolas”.