El exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas presentó un plan de dos ejes para impulsar la economía sin afectar el superávit fiscal: reactivar la obra pública mediante la venta de participacciones accionarias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y aplicar una política industrial selectiva orientada a proveer a la energía y la minería.
Buenos Aires, 6 de septiembre (NA) – El exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas expuso una serie de propuestas para acelerar el desarrollo económico manteniendo el equilibrio fiscal. Según Kulfas, la Argentina no cuenta con acceso a financiamiento internacional en condiciones sostenibles, dado que el riesgo país supera los 500 puntos básicos y el programa financiero oficial descarta emisiones internacionales hasta 2027. En ese contexto, sostuvo que cualquier plan que implique financiar déficit con deuda no es viable y que se debe trabajar dentro del equilibrio fiscal.
Kulfas planteó dos ejes principales. El primero consiste en reactivar la obra pública. Señaló que el Presupuesto 2026 destina a infraestructura alrededor del 0,4% del PBI, mientras que el promedio latinoamericano se ubica entre 2% y 2,5%, y el Banco Mundial recomienda entre 4% y 6% para países en desarrollo. Afirmó que la falta de inversión deteriora rutas, ferrocarriles, redes de agua y sistema eléctrico, y que esto afecta a sectores como la energía, la minería y el agro, citando advertencias del sector energético sobre el estado de las rutas en Vaca Muerta. Además, indicó que la construcción tiene un multiplicador económico de entre 1,8 y 2,5, y que en junio la industria utilizó el 59,1% de su capacidad instalada, mientras que la metalmecánica alcanzó solo el 41,5%.
Para financiar esa reactivación, Kulfas propuso vender las participaciones accionarias que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES posee en empresas privadas argentinas, valuadas en aproximadamente US$ 12.000 millones. Dijo que esas tenencias provienen de la estatización de las AFJP en 2008, que no cumplieron objetivos de orientación de inversiones ni generaron encadenamientos productivos, y que si se hubieran vendido en 2010 e invertido en fondos accionarios internacionales, su valor sería tres veces mayor. La venta, según Kulfas, permitiría disponer de cerca del 2% del PBI para infraestructura sin afectar la deuda ni el resultado fiscal, cambiando la composición de activos del Estado: se eliminaría una tenencia inmovilizada y de baja rentabilidad, y se ingresaría capital físico con retorno verificable.
El segundo eje es una política industrial selectiva para que las ramas más golpeadas se reconviertan en proveedoras de la energía y la minería. Kulfas señaló que entre mayo de 2025 y junio de 2026, ocho vehículos de proyecto importaron bienes por US$ 284 millones, de los cuales el 87% correspondió a núcleo metalúrgico (tanques, cisternas, equipos de filtrado, maquinaria), que se produce localmente. Mientras tanto, las metalúrgicas vinculadas a la minería cayeron 6,4% interanual en julio y las de petróleo y gas, 4,4%. Propuso desarrollo de proveedores, homologación de estándares, fondos de garantía para pymes (como los que ya avanzan las provincias de la Mesa del Litio), uniones transitorias de empresas y reglas de contenido local que se cumplan. Añadió que el costo fiscal de esta agenda es marginal y requiere coordinación, información y decisión política.
También mencionó la agenda regional con Brasil como socio con mayor potencial de complementación productiva en automotriz, autopartes y bienes de capital, y el acuerdo Mercosur-Unión Europea como marco para la especialización argentina.
Kulfas concluyó que la sostenibilidad fiscal es necesaria, pero que un programa de desarrollo debe definir qué se produce, quién lo produce y con qué empleo. Sostuvo que la caída de la actividad reduce la recaudación y encarece el mantenimiento del equilibrio, y que un superávit logrado destruyendo capital público y capacidades productivas no es sostenible. Afirmó que una mirada centrada en la producción y el empleo puede dinamizar la economía sin incurrir en déficits no financiables, y que esa es la única manera de alcanzar sostenibilidad fiscal.
