El juez federal Sebastián Casanello sobreseyó al embajador ante la Unión Europea, Fernando Iglesias, en una causa por enriquecimiento ilícito iniciada en 2021 por el diputado Rodolfo Tailhade. La decisión se basó en un peritaje contable que no encontró enriquecimiento sin justificación.
El juez federal Sebastián Casanello sobreseyó al embajador ante la Unión Europea, Fernando Iglesias, en una causa por enriquecimiento ilícito que le había iniciado en 2021 el diputado Rodolfo Tailhade.
El cierre del caso se apoyó en un peritaje contable sobre el patrimonio del entonces legislador y la resolución deja constancia de que el proceso no afectó el buen nombre y honor del imputado.
Según el dictamen fiscal de Ramiro González, el análisis pericial y la evaluación conjunta de los patrimonios de los imputados no advirtieron la existencia de un enriquecimiento sin justificación.
Sin impulso fiscal, el juez Casanello dictó el sobreseimiento.
«Los bienes y las variaciones patrimoniales registradas encontraron respaldo adecuado en los ingresos acreditados y en los demás fondos verificados durante los períodos analizados», señala el fiscal.
Tailhade había presentado la denuncia el 4 de febrero de 2021, cuando integraba el bloque del Frente de Todos e Iglesias era diputado nacional.
El expediente se sorteó y recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Casanello.
Decía la denuncia que al cierre del ejercicio 2017, según sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, Iglesias declaraba un patrimonio neto de 3.751.753,98 pesos.
Y que al cierre de 2019, en su última declaración jurada presentada al momento de la denuncia, consignaba activos por 12.250.198,90 pesos y deudas por 2.210.000, con un patrimonio neto de 10.040.198,90.
En ese período había incorporado una camioneta 4×4, una propiedad de 100 metros cuadrados y una tenencia en efectivo de 10.000 dólares que no tenía al inicio.
Tailhade sostuvo que ese incremento no guardaba relación con los ingresos declarados y pidió que se lo citara a indagatoria y se ordenara su procesamiento. También cuestionó los viáticos que el diputado percibió por viajes al exterior financiados por la Cámara.
Iglesias respondió desde el recinto y desde las redes. Atribuyó sus ingresos a la venta de sus libros, al alquiler de propiedades y a conferencias, calificó la denuncia de ridícula y dijo que a los 63 años era la primera vez que debía ir a un tribunal a defenderse.
Tailhade replicó que la explicación de los libros era inverosímil porque no había editado ninguno en 2018 ni en 2019.
Casanello delegó la investigación en la fiscalía. El primer fiscal a cargo fue Jorge Di Lello, que imputó a Iglesias el 11 de febrero de 2021 junto con Ana Kliauga y José Bocles, y dispuso las primeras medidas de prueba. Tras la muerte de Di Lello, el expediente pasó a Ramiro González.
En agosto de 2021 se levantaron los secretos bancario y fiscal sobre el entonces diputado, se pidieron sus declaraciones juradas a la AFIP y a la Cámara, y se libraron oficios a entidades bancarias para detectar cuentas no declaradas.
Tailhade amplió la denuncia y sumó una transferencia al exterior por 17.921 dólares desde una cuenta del Banco Ciudad, en junio de 2019. Tras esas medidas se ordenó el peritaje que cerró el caso.