El Gobierno nacional avanza con medidas contra compañías que operan en las islas, mientras algunos empresarios vinculados al oficialismo mantienen inversiones en el archipiélago. La contradicción entre el discurso soberanista y la práctica genera tensiones internas.
El Gobierno de Javier Milei ha decidido impulsar una agenda de sanciones y denuncias judiciales contra compañías que realicen inversiones en exploraciones de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Esta medida, presentada en la previa de un año electoral, podría alcanzar a empresarios cercanos al presidente, según se desprende de información pública.
El caso más resonante es el de Eduardo Elsztain, titular de IRSA y propietario del Hotel Libertador, donde Milei se alojó durante los últimos tres meses de 2023, incluso después de asumir como mandatario. Elsztain mantiene desde 2005 una participación minoritaria de poco más del 2 por ciento en la Falkland Islands Company (FIC), un conglomerado que opera en supermercados, real estate, construcción e importación de autos en las islas. En 2017, intentó ampliar su participación hasta convertirla en mayoritaria, pero el gobierno británico frenó la operación al tomar nota de su nacionalidad.
Tras la cadena nacional y los anuncios de Milei, el diario La Nación reflotó esta historia. El empresario salió a aclarar su posición: aseguró que había invertido convencido de que era mejor seducir económicamente a los isleños para acercarlos con Argentina que obligarlos. Esta declaración contrasta con la postura oficial, que insiste en sanciones económicas y denuncias judiciales. El canciller Pablo Quirno respaldó a Elsztain en sus redes sociales, afirmando: «Todo lo contrario a un traidor», y adjuntó la carta de defensa del empresario.
Otro caso involucra a Elon Musk. Starlink, su empresa, anunció a fines del año pasado que brindaría internet en las islas a través de un comunicado en inglés, refiriéndose a ellas con el nombre que usan los británicos. El 8 de septiembre, después de la cadena nacional, el Ministerio de Sandra Pettovello firmó un convenio con Starlink para proporcionar seis mil kits de internet para colegios rurales y zonas aisladas en el país. Las sanciones anunciadas no se aplicaron a esta empresa.
También aparece Jared Kushner, yerno de Donald Trump y funcionario en su primera presidencia, como CEO de Affinity Partners. Según reveló el periodista Manuel Jove, esa empresa controla el 10 por ciento de Phoenix Financial, sociedad que a su vez tiene poco más del 7 por ciento de las acciones de Navitas. Esta última es la operadora principal del yacimiento Sea Lion, el proyecto petrolero que disparó la reacción del Gobierno.
El diputado Maximiliano Ferraro denunció que Harbour Energy no debería haber entrado al RIGI impulsado por el oficialismo, porque arrastra una inhabilitación por haber explorado hidrocarburos cerca de las Islas Malvinas sin autorización argentina. El legislador de la Coalición Cívica detectó que Harbour Energy es la misma empresa que Premier Oil, pero con otro nombre, y esta ya había sido inhabilitada en 2013 por explorar en la plataforma cerca de Malvinas. Esto sugiere que la promesa de Milei de sancionar a las compañías que operen en suelo malvinense no estaría siendo aplicada por su propio Gobierno.
El Gobierno enfrenta una complicación: si la ola nacionalista se radicaliza de cara a las elecciones, deberá confrontar su discurso soberanista con la realidad de estos casos. Queda por verse qué ocurrirá con los empresarios cercanos al Gobierno o las empresas que entraron en el RIGI y que realizan acciones contrarias a las que impulsa el oficialismo.