El decreto establece un tope del 30% por aula para estudiantes con bajo nivel de italiano, multas de hasta 1000 euros para las familias que no cumplan con cursos obligatorios y la prohibición de prendas que cubran el rostro. La oposición de centroizquierda calificó la medida de «vergonzosa».
El gobierno de Giorgia Meloni aprobó este jueves en un consejo de ministros un decreto sobre el sistema escolar que establece un límite del 30% de alumnos que no dominen el idioma italiano en cada aula, prohíbe el uso del burka y el niqab, y contempla multas de hasta 1000 euros para los padres que no cumplan con las nuevas disposiciones.
La primera ministra había anunciado la medida el domingo pasado en un encuentro con jóvenes de su partido, donde explicó que el objetivo es evitar que los niños italianos se sientan «arrinconados y en minoría».
El decreto fija un techo del 30% para los alumnos extranjeros que no sepan italiano y prohíbe el uso del burka y el niqab, el velo islámico que cubre parcial o totalmente la cara. Los padres de quienes violen esa prohibición deberán pagar una multa de hasta 1000 euros. La misma sanción se contempla para los padres de niños extranjeros que se nieguen a tomar cursos gratuitos de italiano.
«Son instrumentos de sentido común que no dividen, sino que ayudan a integrar en serio, evitando aulas-gueto y dando a los estudiantes las mismas oportunidades», afirmó Meloni en sus redes sociales.
«Es esta la dirección que queremos seguir: una escuela que integra sin renunciar a las reglas, que sostiene a quien tiene más dificultades y que pone a todos en condiciones de partir desde el mismo punto», agregó la premier.
La oposición de centroizquierda reaccionó al decreto. Elly Schlein, líder del Partido Democrático, lo definió «vergonzoso» y habló de una «caza de brujas».
«El gobierno de Meloni vive en otro planeta en comparación con la realidad del país. En este momento, las familias italianas están preocupadas por el estado de los edificios escolares –con 68 derrumbes y 80.000 accidentes tan solo en el último año– y por los más de 500 euros que deben gastar en libros de texto, todo ello mientras los salarios de los docentes italianos siguen siendo de los más bajos de Europa», dijo Schlein.
«Pero la respuesta del gobierno es expulsar a los niños extranjeros de las aulas. ¿A quién pretenden engañar? Tras cuatro años de recortes y sin inversiones serias en infraestructura escolar, están inventando una nueva caza de brujas a costa de los más pequeños, señalándolos como blanco de ataques. Es un decreto vergonzoso que intenta ocultar, tras una nueva bandera ideológica, la incapacidad del gobierno para abordar los problemas concretos que enfrentan las escuelas públicas», denunció, al recordar que «la escuela está abierta a todos, tal como establece nuestra Constitución».
El ministro de Instrucción, Giuseppe Valditara, explicó que la selección del 30% se hará no en base a la nacionalidad o ciudadanía del alumno, sino en base a su nivel de italiano, y solo en los primeros grados de primaria y secundaria. Son 34.000 las aulas con al menos un 30% de alumnos extranjeros, la mayoría en regiones del norte como Lombardía, Emilia Romagna y Véneto, y en grandes ciudades.
«Nuestro objetivo es poner la lengua italiana en el centro, como una herramienta clave para la integración; conocer el italiano significa tener la oportunidad de triunfar en la escuela y, en consecuencia, integrarse verdaderamente», dijo Valditara en una conferencia de prensa.
Al explicar la novedad de los cursos de italiano obligatorios para los padres de chicos extranjeros, el ministro destacó que «todos los estudios internacionales indican que la implicación de los padres en la trayectoria educativa de sus hijos es crucial para el éxito académico».
«Hemos decidido que, en casos de dificultades graves de integración escolar, debemos incentivar a los padres a aprender el idioma. Los centros educativos tienen la obligación de notificarlo a los servicios sociales, que organizarán un curso gratuito de italiano para los padres», detalló. «El incumplimiento de la realización del curso conllevará sanciones de entre 200 y 1000 euros», añadió.
Esa misma multa deberán pagar los padres de quienes violen otro punto del decreto que introduce la prohibición de cubrirse el rostro. «No se permitirá entrar al aula llevando niqab o burka y ni siquiera casco o barbijo, salvo que sea por motivos de salud», indicó Valditara.
El gobierno, que hubiera querido que se aplicara el decreto en forma inmediata, debió retrasar su implementación. Las novedades comenzarán a aplicarse a partir del próximo año escolar.
En los últimos días, Meloni también se cruzó con el presidente del país, Sergio Mattarella. Al inaugurar una escuela, Mattarella había hecho un llamado a «una escuela abierta a todos» y a evitar las «aulas gueto». Dos días más tarde, en un programa de televisión, Meloni recordó que cuando Mattarella fue ministro de Educación, en 1990, había aprobado una circular sobre el número de extranjeros en las aulas. En ese momento había unos 15.000 estudiantes extranjeros, mientras que ahora son unos 900.000, el 12% del total.
El decreto fue retocado tras negociaciones con técnicos de la presidencia, preocupados por que se resguardara el derecho al estudio garantizado por el artículo 34 de la Constitución. El techo del 30% ya no se aplica a los alumnos extranjeros en general, sino a los que no hablan bien italiano. Tampoco incluye a los niños no nacidos en Italia que asistieron a dos años de jardín escolar italiano.
