El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat consideró responsable al expresidente Alberto Fernández de no haber impedido la reapertura de la causa Vialidad, por la que la Cristina Fernández fue condenada en segunda instancia, y criticó “la imbecilidad de negarse a un tribunal contra el lawfare”. “La causa es franca y groseramente inconstitucional”, agregó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).
Eduardo Barcesat es abogado constitucionalista, defensor de derechos humanos, profesor universitario y doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Fue convencional constituyente en la reforma de la Constitución Nacional de 1994 y trabajó como experto de derechos humanos en la UNESCO. Fue miembro fundador y primer secretario general de la Asociación Americana de Juristas. Ha dictado cátedras en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo. Entre sus publicaciones se destacan “Ensayos de teoría crítica del derecho”, «El sujeto del derecho». También es columnista en PERFIL.
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Me gustaría escuchar su opinión respecto de la conveniencia de la ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y los distintos proyectos que se están colocando en este momento en discusión.
Por supuesto que soy favorecedor de una reforma del Poder Judicial que comience precisamente por la cabeza, es decir, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta ha quedado reducida a tres miembros, y hubo una intentona de incorporar dos vía decreto en comisión, lesionando el texto constitucional. Afortunadamente, el Senado tuvo una de sus mejores intervenciones en rechazar ese nombramiento y provocar la renuncia del único que había aceptado el cargo en comisión hasta ese momento.
La idea general que hemos compartido varios profesores de Derecho es la de un tribunal que tenga 15 miembros, cinco salas por materia con tres miembros cada una, y que una de las cinco salas tenga el control de constitucionalidad de las normas, para no tener que llegar a una reforma constitucional que introdujera un Tribunal Constitucional por fuera de la Corte Suprema, como lo hay en muchos países de Europa y Latinoamérica. En este caso, lo que hemos propuesto es que una de las salas esté dedicada al tema del control de constitucionalidad, que hoy día se vuelve de una exigencia más que perentoria.
Tengamos en cuenta que todavía la Corte no se ha pronunciado sobre el DNU 70/23, que tiene 660 disposiciones y modificó y derogó leyes con criterios absurdos. Parece que la Corte todavía no sabe si todo este engendro normativo es constitucional o no. Esto es una aberración, y hay que salir de las aberraciones. La primera consigna es que hay que recuperar el Estado de Derecho. Y ese Estado de Derecho significa que cada poder se mantenga en el ejercicio de sus incumbencias constitucionales y que cumpla con ellas.
Yo no conozco los textos que están actualmente circulando, pero sí los que se presentaron en la época del anterior gobierno, y creo que había bastante consenso en esa idea de una Corte de 15 miembros y dividida en salas de acuerdo a la temática del conflicto. Había otra propuesta que era más federativa, con un ministro de la Corte por cada provincia y uno por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sería una variante de la misma propuesta, pero como proyecto mayoritario este de los 15 ministros. En este momento, y con esta autoridad, se tendría que examinar muy atentamente qué proyecto puede haber girado el Poder Ejecutivo. Porque todo lo que se hace en materia institucional —y no hay ninguna exageración en esto— es de una perversidad e ignorancia institucional, que resulta una mezcla explosiva y, por cierto, nada favorecedora para el pueblo argentino.
Usted mencionaba el silencio que ya lleva 17 meses respecto de aquel decreto de 2023, y las discusiones sobre su constitucionalidad o no. Al mismo tiempo, ¿le parece un silencio compensador la demora en confirmar, rechazar o revocar el fallo de Cristina Kirchner, que fue confirmado en primera instancia y en dos alternativas de segunda?
Es una causa que estoy obligado a conocer porque se me pidió una opinión por varios medios, la causa es franca y groseramente inconstitucional. Quebrantó el principio del non bis in idem, porque era una causa cerrada, que había transcurrido ya por todo el circuito de la justicia federal criminal y correccional federal. Con una decisión muy tramposa de la Corte se lo reabrió, y la Cámara de Casación lo giró de nuevo al juez que se había declarado incompetente, que es el juez Ercolini. Ahí empezó esta historia, con el resultado que conocemos.
Pero, además de esta nulidad absoluta, insanable, de haber quebrantado el principio que prohíbe el doble enjuiciamiento, la única persona que no firma ni autoriza pago de los certificados de obra pública es precisamente el presidente de la Nación. El que firma es el jefe de Gabinete de Ministros, por la delegación de las tareas administrativas de la reforma constitucional del 94. Lo curioso, ya casi diría delirante, es que desfilaron todos los jefes de Gabinete que hubo en ese período, declararon como testigos y la única que no firmó fue la que fue llevada a la condena que estamos viendo, que exhibe el claro sesgo proscriptivo que tiene la persecución.
Yo creo que, junto con la causa del memorándum de entendimiento con Irán y la de los cuadernos quemados y resucitados, este es el paradigma de la guerra judicial, o lawfare. Y lamento enormemente que, cuando íbamos a organizar con dos entidades internacionales un tribunal ético para denunciar el lawfare, el gobierno de Alberto Fernández habló a los gritos y se opuso, y me descalificaron públicamente por ser el propuesto como presidente de ese tribunal.
Creo que, a la vista de lo que ha transcurrido y ocurrido, se nota la imbecilidad de negarse a un tribunal contra el lawfare que lo único que hace es emitir una condena ética, que es poner en conocimiento de los pueblos la perversidad de esta doctrina —que es de la academia de West Point— y que es una descendencia putativa de la doctrina de la seguridad nacional. Solo que, en lugar de secuestrar, torturar y desaparecer, se aniquila mediante el empleo del arma judicial, para que pierda su derecho y la persona alcanzada por la persecución sea un muerto civil.
Yo no puedo hacer un vaticinio sobre qué va a ocurrir con la decisión de la Corte. Me parece pésimo el dictamen del Procurador General de la Nación, y, por supuesto, lo que hicieron los fiscales que intervinieron previamente es para el bochorno jurídico. Esta es mi opinión, pero no me atrevo a dar un pronóstico sobre qué va a suceder. Lo único que puedo decir es lo que debiera suceder, que es la anulación del juicio.
En lugar de un pronóstico, le pido un juicio histórico. Usted recién habló de “la imbecilidad” del presidente Alberto Fernández. ¿Usted cree que, en la reapertura de la causa de Cristina, hay alguna responsabilidad de no haber impedido, del presidente Alberto Fernández durante sus cuatro años de presidente?
Sí, categóricamente. También diría que yo sé que a la expresidenta no le gustaba la idea de un indulto, pero mi propuesta la suscribió o la produjo. Coincidimos con Zaffaroni en que hubiera un indulto y, posteriormente, un juicio de nulidad de esa causa juzgada, para borrar no solo la pena, sino el proceso judicial. Con eso creo que se hubiera rescatado con honorabilidad el tema y sin que nadie se sintiera un criminal indultado, sino que era indulto seguido de una directiva al Procurador General del Tesoro —que es el abogado jefe del Estado— para recabar la declaración de nulidad por cosa juzgada formal y persecutoria.
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¿Y Cristina estaba de acuerdo con eso?
No lo sé. Muchos creen que tengo un diálogo fluido con la expresidenta, pero es todo lo inverso. No sé si por demasiado independiente o por lo que fuere, pero créame que soy absolutamente sincero al decir que no. Le tengo respeto y admiración a ella como estadista, le bajo unos puntos en lo que hace al tema institucional, pero de ninguna manera soy, ni me voy a proclamar, defensor judicial o abogado defensor de ella, de modo que mis opiniones son totalmente independientes. Sí que me hacía cargo —como creo que se habrá hecho cargo Zaffaroni con la misma opinión— de que no bastaba con el indulto, que había que proveer algo más a esa iniciativa para que ella pudiera gozar libremente de sus libertades civiles y políticas y de su derecho a ser elegible.
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