El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3 de la ciudad de Buenos Aires, Daniel Rafecas, resolvió desestimar las denuncias penales que el presidente Javier Milei había realizado contra los periodistas Ari Lijalad y Carlos Pagni, acusándolos de haberlo calumniado e injuriado en dos columnas publicadas en El Destape y La Nación.
En un fallo conocido este miércoles, el juez actuó en línea con lo expresado previamente por los fiscales Paloma Ochoa y Ramiro González, quienes en ambos casos decidieron no avalar la acusación de la Casa Rosada contra los cronistas por no existir delito alguno.
A principios de mayo Milei, a través del abogado fascistoide Francisco Oneto, presentó en los Tribunales de Comodoro Py 2002 denuncias penales por “calumnias e injurias” a Lijalad, Pagni y Viviana Canosa. En los dos primeros casos, el Presidente afirmaba sentirse atacado por artículos periodísticos que trazaban ciertas comparaciones o paralelismos entre sus discursos y modos con los de los referentes del nazismo y el fascismo de la primera mitad del Siglo XX.
Sobre Lijalad, el gatito mimoso del poder afirmó que el artículo titulado “Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi” era una violación flagrante del IHRA, un convenio internacional que busca combatir la banalización de Holocausto. En el caso de Pagni, el Presidente lo acusó de compararlo “insidiosamente” con Adolf Hitler, afectando gravemente su “honor” y “reputación” durante una de sus editoriales del programa Odisea Argentina emitido por LN+ y transcripto como columna en La Nación.
Según Milei y el entorno que lo asesora pésimamente en asuntos legales, los periodistas habían violado los artículos 109 y 110 del Código Penal, referidos a los delitos de “calumnias” e “injurias”, respectivamente. Lo que no registraron los cerebritos libertarianos es que desde hace muchos años esos delitos sólo se aplican sólo en situaciones de acción privada y no a expresiones relacionadas a temas de interés público.
Así lo entendieron los fiscales y el juez, quien en sus fallos de este miércoles remarcó que las expresiones de los periodistas están amparadas “por el ejercicio de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el rol propio de la labor periodística”. Derechos y garantías consagrados, además, por acuerdos internacionales incorporados a la Constitución Nacional. Probablemente en La Libertad Avanza eso lo sepan, pero prefirieron quedar en ridículo igual.
Los fallos de Rafecas dejan en evidencia la voluntad persecutoria y censora del Gobierno, que llega al extremo de desconocer las mismas leyes y códigos del Estado capitalista. Un Estado que que no se destaca, precisamente, por respetar realmente las disidencias políticas, ideológicas y culturales.
El ataque de Milei y sus tropas celestiales contra medios y trabajadores de prensa es constante y cada vez más desembozado. La frase “no odiamos lo suficiente a los periodistas” viene siendo en las últimas semanas al latiguillo presidencial con el que firma y retuitea infinidad de posteos en X. Todo enmarcado en ataques más violentos que las denuncias penales, como pasó con Pablo Grillo, Tomás Cuesta, Antonio Becerra y decenas de cronistas reprimidos con saña en las movilizaciones de jubiladas y jubilados frente al Congreso. O en la agresión anónima y callejera contra Roberto Navarro, el empresario dueño de El Destape.
Frente a esas embestidas, que son amplificadas hasta el hartazgo por un ejército de tuiteros financiados con fondos públicos, la solidaridad con Grillo, Cuesta, Becerra, Lijalad, Pagni y demás atacados desde el Estado no se hace esperar. Desde sindicatos, asociaciones de periodistas y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, hasta los propios jubilados y jubiladas que marchan cada miércoles, el repudio a Milei y sus secuaces es permanente.
A Milei sólo lo bancan en esta campaña antiperiodística un puñado de acólitos (buena parte de ellos rentados), algún que otro vocero mediático ensobrado e instituciones reaccionarias siempre fieles al poder. Como la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), que saludó con fervor la insostenible denuncia penal contra Pagni.
Como se sabe, la DAIA cumplió un rol más que destacado en el encubrimiento del atentado a la AMIA de 1994 y hoy es una de las principales apologistas del genocidio que Benjaimin Natanyahu prepreta contra el pueblo palestino con complicidad de las potencias imperialistas.
Está más que claro que la campaña contra las y los periodistas de parte de La Libertad Avanza tiene un objetivo peligroso y temerario: atemorizar a personas u organizaciones que analizan, critican y denuncian públicamente el accionar autoritario y muchas veces criminal orquestado desde el propio Estado. Para eso atacan cada vez más desfachatadamente derechos democráticos elementales como el de la libertad de expresión y de prensa.
Si buscan evitar que se sigan denunciando las dramáticas consecuencias sociales de sus políticas de ajuste, hambre y miseria, van por muy mal camino. Redoblar la organización y lucha de las trabajadoras y trabajadores de prensa, rodear de solidaridad a quienes sufren los embates del Estado y persistir en mostrar lo que les hermanos Milei no quieren que se sepa, es una tarea de primer orden.