Desde la recuperación democrática en 1983, el país implementó una serie de mecanismos legales y comisiones para investigar y juzgar los hechos de violencia política ocurridos en décadas anteriores, un proceso que continúa generando debate.
La historia argentina del siglo XX registró diversos episodios de violencia política. Antecedentes como los bombardeos en La Paz (1932) y en Plaza de Mayo (1955), o los fusilamientos en Cosquín (1955) y José León Suárez (1956), forman parte de un complejo telón de fondo.
Con el retorno a la democracia en 1983, el nuevo gobierno enfrentó el desafío de cómo tratar jurídicamente la violencia sufrida durante la década de 1970. Una de las primeras acciones del Congreso fue declarar nula la ley de autoamnistía sancionada por la última dictadura militar.
El proceso incluyó la creación de la CONADEP, que documentó miles de desapariciones y centenares de centros clandestinos de detención. Asimismo, se iniciaron los juicios a las juntas militares a través del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, con posibilidad de apelación ante la Cámara Federal.
Este camino no estuvo exento de tensiones, como lo demostraron varios intentos de levantamientos militares. Los gobiernos posteriores tomaron medidas divergentes: durante la presidencia de Carlos Menem se dictaron indultos, mientras que en el siglo XXI la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de leyes que impedían nuevos juicios, reabriendo así numerosas causas.
Este recorrido histórico muestra un proceso jurídico y social en evolución, marcado por diferentes interpretaciones sobre cómo abordar el pasado y garantizar los derechos dentro del marco constitucional.