La Cámara Argentina de Comercio y Servicios advirtió que el texto actual del proyecto de Ley de Lobby impone cargas administrativas al sector privado sin contrapartida para el público, exige requisitos de difícil cumplimiento para organizaciones civiles y PYMES, y establece sanciones penales por incumplimientos formales.
Buenos Aires, 10 junio (NA) — Ante el tratamiento en comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto de ley que busca legitimar la actividad de gestión de intereses, conocido como Ley de Lobby, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su posición sobre algunos puntos que considera errados.
La entidad afirmó que está convencida de la importancia de la transparencia en las peticiones y planteos que realizan los actores sociales, políticos y económicos ante las autoridades, tanto en la toma de decisiones ejecutivas como en la elaboración y sanción de leyes. También sostuvo que la publicidad de los actos de gobierno es un pilar del sistema republicano.
Sin perjuicio de lo anterior, la CAC consideró que determinados aspectos de la iniciativa deberían ser modificados: la imposición de nuevas y significativas cargas administrativas sobre el sector privado, no así sobre el público; la exigencia de requisitos de difícil cumplimiento para organizaciones civiles y PYMES, lo que implicaría su exclusión de cualquier contacto con el Gobierno y legisladores; y el establecimiento de sanciones penales ante, por ejemplo, la falta de inscripción en el Registro de Gestores de Intereses.
La CAC indicó que el mayor control del lobby recaería sobre el sector privado, con posibilidad de criminalización de su accionar ante incumplimientos incluso meramente formales, lo que consideró desproporcionado.
La entidad abogó por que la transparencia en los asuntos públicos no se constituya a costa de un perjuicio innecesario para el sector privado, al que calificó como principal generador de progreso económico y social, y sostuvo que es indispensable alcanzar una ley equilibrada, con reglas claras y previsibles para todos los actores.
En esa línea, la CAC reafirmó su compromiso de trabajar de forma articulada con el sector público y quedó a disposición de los legisladores para ampliar su posición.