La Sala I del tribunal incorporó a la sociedad Integridad Republicana como querellante; tendrá acceso al expediente y podrá proponer medidas en un proceso que lleva 20 años en instrucción.
La Cámara Federal, a través de la Sala I, sumó este jueves una nueva querella en la causa que investiga el presunto vaciamiento de la empresa estatal YPF, que se encuentra en etapa de instrucción desde hace 20 años en el juzgado de Ariel Lijo.
Por disposición de los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, se incorporó como acusador particular a Integridad Republicana, una asociación civil representada por el abogado Carlos Negri. La organización tendrá acceso al expediente, podrá proponer medidas de prueba y cuestionar los movimientos de la causa.
Antes de constituirse como querellante, Integridad Republicana había recusado a Lijo, acusándolo de haber anticipado una solución al litigio mediante la inacción, lo cual consideraron un “prejuzgamiento encubierto”.
De la sociedad forman parte, entre otros, la ex número dos de la Unidad de Información Financiera durante el gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico; el radical Fabio Quetglas; y la exdiputada del ARI Marcela Campagnoli.
En 2024, los mismos jueces habían constituido como querellante a Contadores Forenses, una ONG que perdió participación tras el fallecimiento de Alfredo Popritkin. En ambos casos, los magistrados revirtieron la decisión del juez Lijo, que había optado por no incorporarlos.
“Entendemos que resulta procedente su constitución como tal […]. Ello, en tanto los hechos y conductas que conforman el objeto de la pesquisa podrían conculcar derechos colectivos fundamentales de la sociedad en general, cuya defensa y protección se encontrarían abarcados por el objeto social de la organización”, afirmaron los magistrados.
La asociación se suma como querellante a las provincias de Mendoza y Chubut, que ya habían sido aceptadas por Lijo en noviembre. Estas provincias son patrocinadas por el abogado Bernardo Saravia Frías, ex procurador del Tesoro durante el macrismo.
El expediente tramita en el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Lijo, y bajo intervención de la Fiscalía 7, actualmente a cargo de Ramiro González.
La causa YPF se inició en 2006 como una denuncia. Entre 2007 y 2011, el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, adquirió el 25% de las acciones mediante un esquema de préstamos que se pagarían con dividendos de la empresa. Según la denuncia, formulada y ampliada por Elisa Carrió, YPF sufrió un sobreendeudamiento del 800% entre 2005 y 2012, y se repartieron dividendos por 5.000 millones de dólares, de los cuales 1.700 millones habrían sido “inexistentes”.
En 2012, la estatización de la empresa, impulsada por el entonces viceministro de Economía Axel Kicillof, desató una tormenta legal en Estados Unidos. El fondo Burford Capital adquirió derechos de litigio de dos empresas del Grupo Petersen y en 2023 obtuvo una sentencia de 16.100 millones de dólares contra Argentina, revocada en 2024 por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.